Ayer la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de antejuicio que el Ministerio Público presentó en contra del Presidente de la República por haber cobrado sobresueldo ilegal que le pagó el Ejército de Guatemala, bajo el argumento insostenible de que como ya devolvió el dinero, juzgarlo por eso sería como procesarlo dos veces. No hay aún cosa juzgada en el caso de los pagos ilegales que hizo el Ejército al Presidente y, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico es absolutamente errado el planteamiento de la Corte, aunque se entiende que los magistrados están haciendo el trabajo para el cual fueron designados por las corruptas Comisiones de Postulación y electos por un Congreso que no mandó angelitos a administrar la justicia.
Los magistrados no han dado nunca muestras de que su compromiso sea con la ley sino, por el contrario, han evidenciado que ellos están al servicio de los intereses que los nominaron y eligieron para ocupar esos altos cargos. En Guatemala la administración de justicia es una de las patas del sistema de cooptación, de dominación de poderes fácticos, de corrupción y de impunidad. Sin esa protección que la Corte y el Sistema de Justicia ofrece a los implicados en los casos de corrupción, el país sería otro porque la gente aprendería a vivir en el marco del respeto a la ley, pero cuando se tiene la certeza de que los magistrados harán su trabajo cumpliendo su papel como protectores de los beneficiarios de este podrido sistema, se generan los espacios que hoy permiten a los Morales, Arzú y compañía convertirse en descarados y abiertos enemigos de la lucha contra la corrupción.
Las condiciones imperantes en el país resultan siendo terribles porque se conjugan todos los factores que integran las fuerzas del mal para darle “institucionalmente” beneficios a quienes tendrían que ser, cuando menos, investigados por la forma en que han ejercido el poder. En cambio, el antejuicio sigue siendo un parapeto de impunidad y no de inmunidad, porque lo que al final logran las autoridades es blindarse para que nadie pueda realizar investigaciones en su contra.
Así como hemos dicho que el Congreso es el último reducto de esa pervertida institucionalidad, hay que decir que la Corte Suprema de Justicia es el último reducto de la impunidad y con lo de ayer se demuestra que no hay la menor posibilidad de que podamos esperar un proceso no viciado en la próxima elección de Fiscal General que es pieza clave para acabar de una vez por todas con ese esfuerzo de atacar la corrupción.
