Emilio Matta Saravia
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Desde que inicié a escribir en este medio, he sido un férreo crítico de la gestión de la municipalidad capitalina y de su principal figura, el alcalde Álvaro Arzú. Considero que en sus más de 3 décadas ejerciendo el poder, tanto en su gestión edilicia como en su periodo presidencial, ha cometido errores muy graves, siendo los peores la opacidad en el manejo de cuentas y su arrogancia. Ambos errores están íntimamente interrelacionados, ya que su arrogancia y soberbia no le permiten entender al señor alcalde que él, como funcionario público, es una persona obligada a rendir cuentas, no solo ante las autoridades, sino ante el público en general de toda la nación, ya que desde que existe la obligación constitucional de otorgar el 10% del presupuesto de la nación a las municipalidades, todos los alcaldes de Guatemala tienen la harta obligación de rendir cuentas ante todos quienes pagamos impuestos, no solo ante sus vecinos.
La rendición de cuentas, un tema tan indispensable y trascendente en los países desarrollados, es algo que aquí en Guatemala, principalmente a los funcionarios públicos, les trae sin cuidado y no creen que tengan dicha obligación. Porque es una obligación, no solo una responsabilidad, de todo funcionario que maneja fondos públicos (y también de los funcionarios privados a quienes se les otorgan dichos fondos por la vía de contratos, concesiones, adjudicaciones, etc.). Este es un punto toral en la problemática nacional, ya que por un lado la población ha caído en la cuenta de que sus autoridades deben rendirles cuentas y ser transparentes, y por el otro lado, los funcionarios públicos y privados tienen la atávica costumbre de que no tienen por qué rendirle cuentas a nadie y de esa forma es su diario actuar.
Es por ello que es fundamental en esta lucha por la transparencia y combate contra la corrupción del sistema, iniciada por el Ministerio Pùblico y la CICIG (y apoyada categóricamente por la ciudadanía), que los principales actores de la vida política del país sean obligados a rendir cuentas de su actuar y sobre todo de cómo han manejado los fondos provenientes del erario. El alcalde Arzú ha sido el paradigma del funcionario opaco, cuya resistencia a la fiscalización y al escrutinio público, ya son de sobra conocidas y por ello resulta necesario indagar a profundidad cómo se vienen manejando los fondos en el palacio de la loba, cuál ha sido su destino y quiénes son los responsables de dichas acciones. Y todos ellos, principalmente el alcalde, deben rendir cuentas de sus actos. Sin excepción.
La incipiente conciencia de la ciudadanía de que los funcionarios están obligados a rendir cuentas debe ser aprovechada para que en nuestro país comience a cimentarse esta cultura de rendición de cuentas y accountability por parte de los funcionarios públicos, privados y en general de todos los ciudadanos, para comenzar a caminar sobre una ruta de transparencia y, sobre todo, de responsabilidad y conciencia de nuestro actuar. De saber que somos responsables de cada acto que hagamos y de que tendremos qué responder por cada uno de ellos. Así funcionan todas las sociedades desarrolladas. Si queremos seguir ese camino, aunque es duro y difícil, es la forma en que debemos funcionar, aunque nuestro alcalde, lamentablemente, no lo ha entendido. Ni lo quiere entender.
