Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Durante la celebración de los 40 años del programa para Latinoamérica, el Wilson Center presentó un panel sobre las “Estrategias para superar la corrupción”, en el cual se analizaron las experiencias de Brasil, Chile, Guatemala, Panamá y Perú.
El caso de Brasil es digno de analizar, pues en los últimos años implementó medidas para fortalecer el sistema de justicia en su conjunto. Se fortaleció la capacidad investigativa de la policía; nombraron funcionarios capaces e imparciales, como el Juez Sergio Moro, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en temas de lavado de dinero; crearon judicaturas especiales para casos complejos como el Lava Jato y se reformó el sistema de apelación, lo que permitió que las resoluciones pudiesen ejecutarse de forma más eficiente. Sin embargo, se reconoce que aún hay transformaciones pendientes, pues el desempeño del sistema de justicia no es suficiente para cambiar la cultura que impulsa la corrupción. Como en Guatemala, los brasileños se enfrentan a fuerzas muy poderosas que utilizan todos sus recursos para defender los espacios que han ganado.
En Perú la corrupción ha sido por muchos años la principal problemática del país. Todos los exmandatarios vivos se han visto envueltos en procesos judiciales después de dejar el cargo. Alberto Fujimori cumple condena; Alan García está siendo investigado al igual que Ollanta Humala, a quien recientemente se le dictó prisión preventiva; Alejandro Toledo se encuentra prófugo y con orden de captura internacional. Aunque las instituciones tienen la capacidad de investigar a los políticos es evidente, eso no es un disuasivo para que no se repita la misma historia. El reto es evitar que se dé la oportunidad para el robo de los recursos públicos.
Panamá no es ajeno a la corrupción. Aunque han avanzado en reconocer la problemática. Hay investigaciones que involucran a altos funcionarios en los distintos organismos del Estado, incluyendo jueces, magistrados y hasta un expresidente. El caso de Ricardo Martinelli demuestra que las buenas intenciones, expresadas durante la campaña política, no son suficientes para garantizar un gobierno probo y que es precisamente durante el proceso electoral donde se inicia la corrupción. Como en otros países falta transparencia en el aporte de las campañas electorales, aún falta ver si el sistema de justicia está preparado para juzgar objetivamente esos casos.
Los avances en Guatemala para enfrentar la corrupción están ligados al apoyo de la comunidad internacional y de la labor que realiza la CICIG. Pero falta una transformación profunda de las instituciones locales para que el país pueda hacer frente a los altos índices de criminalidad que genera la corrupción.
Las fortalezas de las instituciones públicas hacen de Chile la excepción a la regla. Aunque la corrupción no se ha eliminado del todo, existen mecanismos para evitarla y sancionarla. Además, es un país en el cual los distintos sectores se han comprometido con la transparencia. La empresa regional Falabella ejemplifica que desde la iniciativa privada también se puede promover un cambio cultural y tomar medidas para evitar la corrupción, que pueden también ser replicadas en el sector público.
Es preocupante que los presidentes de Latinoamérica terminen tras las rejas al concluir sus mandatos. En una región que está marcada por la debilidad institucional para luchar contra la corrupción, los desafíos son enormes. Se necesitan de estrategias que sean efectivas y por eso el intercambio de experiencias entre los distintos países es positivo.
