Adolfo Mazariegos
Los acontecimientos de los últimos días, en el marco de la particular coyuntura por la que atraviesa Guatemala, han puesto en evidencia nuevamente un buen número de falencias en el sistema político y en las instituciones de los organismos de Estado. Situaciones que, por distintas razones o circunstancias, sencillamente habían pasado desapercibidas o ignoradas a través de bastantes años ya. Cuestiones que van más allá de lo visible y que desnudan una realidad preocupante y a todas luces inaceptable. Las deplorables disculpas de diputados al Congreso de la República en días recientes, hacen que surjan preguntas que cuestionan -inclusive- la funcionalidad y razón de ser de un Organismo Legislativo que, además de hacer papelones mayúsculos teniendo que dar marcha atrás en la aprobación de normativas sumamente cuestionadas, también han puesto de manifiesto la poca seriedad con que un alto número de diputados aborda su responsabilidad y obligación en el proceso de discusión y aprobación de las leyes. El simple hecho de que un diputado acepte públicamente no haber leído el documento objeto de una ley que ha aprobado, debe ser motivo de legítima preocupación e indignación, en virtud de que legislar no es un juego, y debiera ser una actividad realizada a conciencia y con toda la seriedad que ello implica; más allá de simplemente marcar en un tablero electrónico o proponer iniciativas espurias e inútiles con las que tan sólo se pasa a engrosar un marco normativo en el que ya abundan las leyes anacrónicas, insulsas y descontextualizadas. ¿Acaso un diputado no recibe salario por legislar y cumplir con su trabajo como debe ser? ¿Acaso no sabe un diputado cuáles son sus obligaciones como legislador?… En su afán por esquivar los señalamientos por corrupción y los hechos que obviamente reprueba la ciudadanía, han caído en una suerte de trampa propia, evidenciando que ni siquiera realizan bien el trabajo para el que fueron “electos”, alegando ignorancia y desconocimiento de aquello que por obligación deben conocer. ¿Es de esa manera que se aprueban todas las leyes en Guatemala entonces?, ¿sin siquiera leer previamente las iniciativas?, lo más probable es que así sea. Y en ese sentido, resulta imperante y urgente la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (entre otras), pero no cambios cosméticos, absurdos y espurios, sino cambios verdaderos que ataquen los problemas de fondo para transformar el sistema y que permitan (y motiven) el acceso a los puestos de elección a personas honestas y capaces motivadas por el privilegio de servir al país, y no para servirse de él como ha venido sucediendo; pero…, ¿acaso se dispararán en el pie los legisladores? Seguramente no. Los cambios son necesarios, ya ha quedado evidenciado reiteradamente, hay que hacerlos sí o sí, caso contrario, lo más probable es que el cuento se viva una y otra vez, repitiendo la historia política de Guatemala como una de esas nebulosas ficciones de nunca acabar que ya no se desea contar.
