Ante el llamado para que nos sentemos a encontrar puntos de acuerdo para dirimir la crisis provocada por el esfuerzo de Jimmy Morales para acabar con la lucha contra la corrupción, no sólo eliminando a Iván Velásquez y la CICIG sino legislando para que los corruptos no sean castigados, debemos asumir que los ponentes de ese diálogo necesitan que nos pongamos de acuerdo en cuánto es lícito robar y que, a partir de ello, fijemos cuotas para establecer algunos límites importantes a la voracidad sin límite. De manera pragmática se podría decir que no se puede robar más del diez por ciento del Presupuesto de gastos, cifra que los antiguos comerciantes calificaban como módica, y posiblemente con el 90 por ciento restante se podría hacer inversión para mejorar nuestros niveles de desarrollo humano.
Al fin y al cabo, en un país donde hemos llegado a considerar normal y parte de nuestro esquema educativo el ser corruptos, debiera verse como un gran logro que se evite el brutal alzamiento que se hace de los bienes nacionales no sólo mediante sobornos y mordidas, sino con leoninas concesiones y licencias otorgadas en abierto fraude de ley, así como contratos de obras que llevan implícito el uso de mamarracho de materiales para que se destruyan al nada más quedar construidas porque el “mantenimiento” es otra fuente de negocios. Que con Joviel y compañía se pacte que no puede haber más de diez por ciento de plazas fantasma y lo mismo se establezca, aunque sea mucho más difícil comprobarlo, con nuestras gloriosas fuerzas armadas.
Es que la lógica se presenta como irrefutable, tanto así que hasta se nos advierte que de no entenderlo claramente, nos eliminarán de los programas de ayuda económica. “Negocien señores, pónganse de acuerdo en cuánta corrupción es tolerable y cuánta impunidad es la que realmente resulta útil para los poderosos sectores que son el motor de la economía del país”. Alcanzado ese crucial acuerdo vendrán las ayudas, esas mismas que los promotores de la corrupción han criticado porque van a parar a grupitos de izquierda que gozan del favor de la Unión Europea.
Dimos un ejemplo al mundo con el establecimiento de la CICIG y en todos lados apreciaron lo que Guatemala hizo contra la corrupción. Imaginemos la admiración mundial cuando nos convirtamos en el primer país en negociar un pacto para ponernos de acuerdo en los límites que debe tener la corrupción y quizá hasta cuál debe ser el porcentaje de jueces pro impunidad. ¡Viva el pragmatismo y el diálogo!
