Jorge Santos
En apariencia o al menos cronológicamente desde el 27 de agosto, la crisis institucional se ha instalado en el país y no tiene vistos cercanos de salir de ella. Durante este mes de crisis se han desatado varios procesos que dan muestra del fracaso y quiebre del actual modelo de Estado. Estos procesos tienen que ver con la errónea e ilegal decisión de declarar no grato al Comisionado de la CICIG, los hallazgos del obsceno bono extraordinario de Q50 mil más la variedad de casos de corrupción, impunidad y delitos cometidos en el pasado.
En este proceso el Sistema de Justicia ha conocido varios antejuicios contra el señor Morales, así como los que fueran secretarios generales de la Unidad Nacional de la Esperanza y Lider por el delito de financiamiento electoral ilícito y más recientemente los antejuicios presentados contra los 107 diputados y diputadas que aprobaron los dos decretos de la impunidad, así como contra el señor Morales por los cheques entregados por el Ministerio de la Defensa a su favor, en calidad de bono extraordinario. A esto hay que sumarle los más de 26 casos de corrupción e impunidad que desde abril de 2015 suman una importante cauda de empresarios, militares y funcionarios presos.
Según quienes suelen apoyar históricamente a grupos de corrupción e impunidad, se hace necesario impulsar un diálogo que permita salir de la crisis. Esta respuesta esconde varias falacias que deben de ser desmontadas y evidenciar que el diálogo en estos momentos solo buscará la forma de librar de la responsabilidad penal y civil a quienes han provocado este profundo problema del Estado guatemalteco. Una de las primeras falacias que debe de ser desmontada es que producto del diálogo culminaremos con una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dado que la actual legislatura tuvo en sus manos la posibilidad de hacerlo y falló a favor de proteger los espurios intereses de la elite económica como financista y de la elite política como instrumento que ejecuta las acciones.
Otra falacia está centrada en los actores participantes, dado que la pretensión desde el Organismo Ejecutivo y las Cámaras Empresariales está centrada en poner en común supuestas reformas entre una diversidad de elites, alejándose de la posibilidad de una amplia participación que incluya a quienes con mayor profundidad sufren los embates de la corrupción y la impunidad, tales como los Pueblos Indígenas, mujeres, jóvenes y amplios sectores de la población subsistiendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Precisamente este tipo de diálogos entre elites, son las que hoy nos tienen sumidos en circunstancias deplorables.
Es por ello, que la única forma de poder salir de esta crisis, está centrada en profundizar la democracia, ampliar la participación ciudadana, principalmente de aquellos actores históricamente excluidos y para ello se hace necesario que nos organicemos y nos movilicemos. Sólo con amplia movilización social y popular construiremos desde abajo la democracia que necesitamos.
