En la Constitución de 1965 se estableció el sistema de los partidos políticos con monopolio para canalizar la participación ciudadana en la vida política del país y a lo largo de los años de vigencia de esa Carta Magna se creó un modelo restrictivo en el que era sumamente difícil la formación de agrupaciones que pudieran funcionar como las entidades de derecho público definidas en la ley para postular con exclusividad candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al Congreso y, junto a los comités cívicos, a los miembros de las corporaciones municipales.
En 1985, la Constitución facilitó la inscripción de partidos políticos rompiendo con el viejo monopolio que usufructuaron por muchos años el Partido Revolucionario de los Méndez Montenegro, el Movimiento de Liberación Nacional de Sandoval Alarcón, el Partido Institucional Democrático entregado por Peralta, Donaldo Álvarez y compañía y la Democracia Cristiana de De León Schlotter y Vinicio Cerezo, a los que en la etapa final se fueron agregando agrupaciones como el Frente Unido de la Revolución, ya muerto su líder Colom Argueta, y el PNR formado por Maldonado Aguirre y Arzú.
La apertura constitucional para facilitar la organización partidaria coincidió con el fin de los partidos ideológicos y surgieron así muchas entidades formadas alrededor de algún caudillo o, más generalmente, algún caudillito que arropaba de esa manera sus ambiciones políticas. El resultado de la buena intención de desmonopolizar la política fue terrible porque nos hemos llenado de entidades que nacen a la vida y mueren con la facilidad con que cualquiera se cambia de calzoncillo porque en verdad nuestros partidos políticos no representan absolutamente nada más que la oportunidad de empezar a hacer negocios desde el tema del financiamiento que se convirtió en el cáncer de nuestra cacareada institucionalidad democrática porque aquí todos los que se aventuran a hacer política terminan siendo cooptados por los financistas.
Y el Tribunal Supremo Electoral, llamado a ser el garante de la institucionalidad partidaria, terminó como todo en Guatemala, cooptado por los poderes ocultos que ahora impiden la cancelación de mamotretos como la UNE y el FCN, que no pudieron presentar cuentas claras de su financiamiento electoral, siendo la mejor muestra y garantía de que el sistema político, el régimen de los partidos políticos, está preservado por las mafias que maniobraron para integrar el TSE de acuerdo a sus intereses y para proteger, justamente, a los exponentes de la antipolítica que son los que ahora tienen de rodillas al país luego de décadas de estarlo ordeñando para su beneficio.
