Francisco Cáceres Barrios
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Si lográramos superar la actual crisis en que vivimos y se pudiera mejorar la Constitución que actualmente nos rige, insistiría en la imperiosa necesidad de darle a los electores el poder revocar el mandato conferido a los presidentes, alcaldes, diputados y a todo aquel funcionario electo popularmente. Por no ejercer ese poder es que hemos tenido a lo largo de nuestra historia tantos mandatarios que no han cumplido con sus deberes y obligaciones, han abusado del poder, han hecho mal uso de los recursos públicos y como si lo anterior fuera poco, su comportamiento ha estado plagado de la ausencia de valores y principios.
Recientemente hemos escuchado quejas porque no debiéramos estar cambiando a cada rato presidentes, en especial para referirse a que en corto tiempo tuvimos tres (Pérez Molina, Maldonado y Morales) a lo que yo pregunto ¿y qué hay de malo en eso?, ¿no es preferible tener más funcionarios que dejarlos hacer lo que mejor les plazca en un período completo? No voy a entrar en detalles de la forma o sistema que se emplearía para hacer los cambios, pero es oportuno mencionar que otros países han escogido el método para que en dado caso el funcionario electo no cumpliera con sus deberes o faltara a la moral y a principios generalmente aceptados en los dos primeros años (de un período de cuatro) se pudiera llevar a cabo una consulta popular con el fin de evaluar si la ciudadanía por mayoría, desea revocar el mandato conferido, dejando de inmediato en su lugar al sustituto establecido, con la obligación de convocar a elecciones en un término perentorio.
De 1985 a la fecha tengo la certeza que al menos cinco presidentes y una enorme cantidad de alcaldes y diputados no hubieran pasado de cumplir dos años en el ejercicio del cargo para el cual fueron electos y con ello nos hubiéramos evitado el despilfarro de muchos miles de millones de quetzales que mejor hubieran sido empleados en obras de beneficio real para la población. Creo que lo más importante de otorgar el poder de revocatoria ciudadano es hacer valer esa expresión tantas veces manoseada de que “la soberanía radica en el pueblo”, cuando la verdad es que en la práctica no tiene ninguna, ni para combatir eficazmente la corrupción e impunidad que ha socavado las estructuras del Estado guatemalteco, ni para poner en orden a los integrantes de sus tres poderes que a la vista de todos han hecho cuanto han querido para satisfacer sus intereses particulares y nada más. Piénselo bien, ha llegado la hora de tomar medidas para arrancar de raíz los males que pusieron al actual sistema de cabeza.
