Francisco Cáceres Barrios
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Si nuestro Presidente realmente tuviera la honesta intención porque en Guatemala impere la justicia, tal y como lo fue a decir a la reciente Asamblea de las Naciones Unidas, andaría velando por la aplicación de la ley, en especial a quienes abusando del poder y sus influencias se han beneficiado con los negocios de ventas de plazas en organismos del Estado. En otras palabras, respetando la separación de poderes, debiera preocuparse porque gente de la calaña de Luis Armando Rabbé, Arístides Crespo, Manuel García Chutá, Carlos López Girón y César Fajardo, solo para citar algunos ejemplos, fueran juzgados por los delitos que se les imputa por nombramientos irregulares en el Congreso de la República, lo que después de un año no se ha logrado al entrampar los antejuicios respectivos.
En otras palabras, una cosa es montar un show o mejor todavía aprovecharse del lugar y ambiente adecuado para decir un cúmulo de mentiras o falsedades. Otra bien distinta, es cumplir con los deberes y obligaciones del mandato que el pueblo le confirió. De ahí que la expresión del presidente Jimmy Morales cuando dijo que era necesario revisar las bases del convenio suscrito entre Guatemala y la ONU, para hacer imperar la justicia en nuestro país, resulte ser toda una falacia o burda estrategia para lograr su objetivo personal de restarle capacidades a la CICIG para que sin ellas no pueda cumplir con sus propósitos de combatir la corrupción e impunidad. Estas intenciones han quedado demostradas al conocerse de boca de los mismos diputados al Congreso para que por su medio, se revisen los alcances de dicha entidad.
En verdad, se necesita estar ciego para no ver no uno, sino varios planes que se han montado en derredor del combate que decididamente la población aprobó en el 2015, saliendo a las calles para exigir la erradicación del cúmulo de maniobras que se han venido desarrollando en el país para transformar los recursos públicos en haberes de pícaros, fuera a través de onerosos contratos para mejorar la infraestructura del país, para la prestación de bienes y servicios o a través del malévolo ingenio de las contrataciones de personal repleten sus bolsillos.
Debemos tener claro que los embates de la política corrupta que se ha venido montando en el país a través de varios años de su historia provocaron el sainete montado el 19 de septiembre de 2017 en Nueva York. De nuestra parte, debemos seguir luchando denodadamente en contra de la infinidad de alevosas intenciones por mantener el status que hasta el momento, ha logrado hacer a gente millonaria a costa de los recursos destinados al bien común.
