Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
El pasado 13 de septiembre de 2017 se conoció sobre la pretensión de la mayoría de integrantes del impresentable y menos representativo Organismo Legislativo de reformar el Código Penal, en cuanto al financiamiento ilícito (desligar responsabilidades) y la conmutación de penas (que permitiría la salida de condenados), mediante dos decretos que favorecerían únicamente a la impunidad, ante las investigaciones iniciadas y su autoprotección ante la amenaza de ser alcanzados, lo que evidenció un abuso de poder que tiene que ser socialmente reprochado, así como investigado y enjuiciado por las autoridades competentes.
No obstante que apresuradamente dieron marcha atrás mediante la aprobación de un “precedente”, que ordena el archivo de los decretos cuestionados, esta nueva acción no fue un arrepentimiento espontáneo, por el contrario, es producto de la presión social en todas sus manifestaciones, con lo que se demuestra la importancia y el impacto que puede tener la oportuna fiscalización y válida exigencia ciudadana que no debe dormirse ante el actuar de sus funcionarios, pero también debe ser cuidadosa de no caer nuevamente en manipulaciones para la consecución de otros fines igual de perversos como sería “la toma del poder por medios no democráticos”, reviviendo a nivel macro el Plan Pavo Real para el control de Pavón (le quitó el poder a unos para dárselo a otros), cuyo resultado fue: mismo sistema pero con distintos actores.
A lo anterior se suma el desgaste del Ejecutivo, cuya crisis política se agudiza ante la salida irresponsable de más Ministros que abandonan el barco al que se subieron solos y que días antes afirmaban respaldo y unión, ahora lo dejan en momentos cruciales creyendo darle una lección al desapoderado Presidente de la República, pero sin considerar el riesgo en que ponen los programas a cargo de las dependencias, provocando un perjuicio inmediato a la población.
En el caso específico de Finanzas Públicas, se afecta el área crediticia y de ejecución; además, que se debilita la discusión técnica y el apoyo político para el proyecto de Presupuesto para el 2018, que está en el Congreso de la República, y que contiene una estimación de ingresos tributarios por Q63 mil 012.4 millones, que representarían 10.5% del PIB y seguiría constituyéndose como una de las cargas tributarias más bajas del mundo.
También se vería afectada el área recaudatoria, donde recientemente la Administración Fiscal reportó un ingreso acumulado hasta agosto por Q38 mil 600 millones que incluyó lo obtenido por exoneración establecida mediante Acuerdo Gubernativo 82-2017, misma que fue más aprovechada por contribuyentes normales que por especiales quienes confían en la debilidad técnica y legal de los expedientes, ubicando la brecha fiscal en Q727.9 millones.
La crisis política actual referida, que incluye la amenaza procesal para el Presidente de la República y para varios diputados al Congreso, más la dimisión del Ministro de Hacienda, no solo ahuyentará a la nueva inversión generadora de obligaciones tributarias, sino que afectará nuevamente la moral tributaria, que se revelará en una reducción en el pago de impuestos que amenaza con hacer incumplir la meta de recaudación fiscal.
