Juan Antonio Mazariegos G.
Los acontecimientos de las últimas semanas, sin duda provocados por la irresponsabilidad de los diputados al Congreso de la República, al tratar de cubrirse y cubrir a sus achichincles con un manto de impunidad, han generado una situación extrema para el país, en donde el debate sobre lo que ocurrirá o sobre qué intención hay detrás de cada acto, casi sobrepasa a las posiciones de quienes se pronuncian en un sentido u otro.
La desinformación está a la orden del día y eso solo alimenta la desconfianza entre las posiciones ya encontradas e incrementa la incertidumbre de la mayoría que no se ve representada por ninguno de los bandos. Si nos avocamos a lo que se escucha en la calle los temas son variados, se pide la renuncia de Morales, la de 107 diputados, que dejen de robar, que haya trabajo, nacionalizar la energía, una Asamblea Nacional Constituyente, la aprobación del derecho indígena, que no haya hambre, convertir a Guatemala en una república federal, nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos y otra serie de peticiones que según quien las formule o quien las escuche representan aspiración legítima o tremenda locura.
Por supuesto, la variedad de voces y reclamos, encuentra para cada caso quien juzgue que lo que se pide no es posible o genera una oposición y de pronto nos encontramos ante un escenario en donde es más lo que nos separa que lo que nos une y en la medida que esto sucede las posiciones se polarizan y se extreman, situación que no nos llevará a ningún lado.
En el 2015 todos queríamos que renunciaran y se juzgara a quienes nos colmaron la paciencia y nos engañaron, la protesta se centraba en Pérez y Baldetti, estaba enfocada y eso aglutinó a la plaza, hoy la multiplicidad de demandas y voces evita el enfoque, crea desconfianza y produce anticuerpos de donde resulta básico encontrar la hoja de ruta adecuada.
En ese orden de ideas y buscando ese enfoque adecuado, en mi opinión la presión social debe concentrarse en dos líneas, exigir que se promulgue una nueva ley electoral y de partidos políticos que termine con la cooptación del Estado por las mismas mafias que siempre lo han ordeñado y reclamar que se someta a la justicia a quienes hayan violado las leyes del país, pues la inocencia o culpabilidad de una persona, no se negocia en los atriles del Congreso, si no se dilucida ante los tribunales de justicia.
