Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Continuando con un análisis objetivo, veraz e imparcial, señalo que la aprobación de emergencia nacional que hiciera recientemente el Congreso, modificando el Código Penal, fue inadecuado.
Si la norma vigente relativa al financiamiento ilícito no es clara y precisa, debe de hacerse los cambios para que la misma lo sea.
En el fragor de una campaña política, ningún partido lleva una contabilidad exacta. Por ejemplo, si en Alta Verapaz, como fue el caso, se ofrece un almuerzo a los candidatos de la Presidencia y Vicepresidencia, y a la comitiva del partido que le acompaña, y posteriormente, después de otros mítines de la noche, un simpatizante le ofrece una recepción y una cena en su residencia, esos dos hechos son una contribución en especie que sin duda alguna no se contabiliza.
Lo mismo puede decirse del cierre de campaña del FRG que realizamos en Zacapa, el binomio presidencial y el partido. En la capital nos donaron el uso de numerosos helicópteros, donde miembros del partido, simpatizantes y otras personas como, por ejemplo, Jorge Briz, fueron trasladados durante ese día, al cierre de campaña. Muy probablemente no se contabilizaron.
Por ello, es explicable que se quiera precisar la redacción para determinar quién es quien debe velar y ser responsable porque todo se contabilice.
El modificar el Código Penal de la forma en que se trató de hacer, para extender de cinco a diez años la figura de conmutación de cárcel por, un pago diario de una multa, fue muy inadecuado y por supuesto es obvio que había un motivo específico.
En cuanto a las manifestaciones de protesta, es un derecho y quienes lo ejercieron no cometieron ningún delito, lo cual no quiere decir que algunos de ellos, como lo evidencian las fotografías publicadas en Prensa Libre y en elPeriódico, al remover vallas colocadas oficialmente por el gobierno para delimitar el área de desfile del 15 de septiembre, no sea un acto agresivo e ilegal, y que por ejemplo en Estados Unidos remover una valla colocada por la policía o no respetarla y pasar al área restringida es una falta o delito.
El agredir, no a un policía como lo trató de simplificar CNN en español, sino al Director General de la Policía Nacional, es un acto agresivo y un delito, lo mismo se tiene que decir del comportamiento que un buen grupo de manifestantes realizó en la entrada del parqueo del Congreso, donde le tiraron bolsas de agua y otros objetos a los diputados que ingresaban a la sesión convocada el 15 de septiembre en el Congreso, ya no digamos haber empujado y hecho que se cayese en la acera al diputado Linares Beltranena, quien se ha caracterizado por defender sus puntos de vista, lo cual es su derecho parlamentario.
El retener en contra de su voluntad a los 130 diputados durante muchas horas es un acto de agresión, que vulnera el derecho a la libre locomoción e incluso puede tipificarse de secuestro, también es una coacción el requerir públicamente que para poder salir los diputados tenían que ir entregando su carta de renuncia a su curul.
Todo lo que he indicado es un análisis, frio y objetivo.
El Procurador de los Derechos Humanos recién electo por el Congreso, es Procurador de los Derechos Humanos del Congreso de la Republica y al no atender de inmediato y sin requerimiento, ya no digamos con requerimiento, la situación que se produjo el 15 de septiembre en el Congreso es una equivocación que lo parcializa, lo cual es improcedente.
No puedo dejar también de señalar que la forma en que se mandó a archivar y detener el procedimiento de formación de ley es una “huisachada” que indudablemente deja sin contenido el amparo provisional y que permite que la Corte de Constitucionalidad no continúe conociendo la materia, hubiera sido mejor alternativa dejar transcurrir los diez días que se establecen para que las iniciativas de ley aprobadas sean enviadas al Organismo Legislativo.
¡Guatemala es Primero!
