Julio Roberto Bermejo González*
No me canso en repetir que las últimas elecciones para Presidente-Vicepresidente y diputados al Congreso de la República no debieron haberse realizado sin antes introducir las reformas necesarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; los acontecimientos que se han producido nos dan -a todos los que nos opusimos- , la razón. Se eligió a un «ni corrupto ni ladrón» y nos resultó un personaje que no transmitió moralidad a su prole y que también sistemáticamente se ha opuesto – por acción y omisión – a que se combata la corrupción, mal profundamente enraizado en todas las instituciones y para que el mal sea mayor alcanzó lamentablemente a la iniciativa privada, la que por mucho tiempo ha hecho gala de honradez y patriotismo y ahora, al destaparse la olla, resultó mezclada -un fuerte sector de ella- en acciones ilegales en las contrataciones con el Estado y omisiones en sus obligaciones tributarias. Sin embargo, debemos confiar en que todavía quede un sector honrado, pero ello se demuestra no solo con palabras sino con actitudes serias y concretas en contra de la corrupción. Sería admirable ver a sus dirigentes en las manifestaciones.
Jimmy Morales dijo en su campaña y aún como Presidente, que iba a liderar la lucha contra la corrupción, pero desgraciadamente le ha faltado voluntad o capacidad para ello. No impulsó esfuerzos legales contra los sindicatos corruptos -los Pactos Colectivos son abusivos e ilegales y el Estado no tiene capacidad financiera para cubrirlos-; sin embargo, no ha hecho nada al respecto. El Ministerio Público y la CICIG han levantado la bandera de la lucha contra la corrupción, lo que ha tenido reconocimiento nacional e internacional indiscutible. El mandato de la CICIG es amplio, pero esa amplitud se acordó porque el país estaba al borde del colapso – hice análisis del marco de las competencias de la CICIG en publicación en La Hora del 31 de agosto de 2017 – y ello dio lugar a que la ONU apoyara a Guatemala creando la CICIG de común acuerdo con el Gobierno de Guatemala.
El Presidente dice que apoya la lucha contra la corrupción, pero sus actos no expresan eso, el procesamiento de su hijo y de su hermano y finalmente la solicitud para levantarle el antejuicio por la sospecha de ser responsable de financiamiento electoral ilícito del Partido FCN-Nación y ocultamiento de aportaciones dinerarias, durante el período en que fue Secretario General de dicho partido, lo hizo estallar – apoyado por sectores interesados del sector privado, de los que están sujetos a procesamientos y diputados y funcionarios que se sienten amenazados – e incurrir en ese acto repugnante de declarar non grato al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez y ordenar su inmediata expulsión del país. Con esto se pintó de cuerpo entero porque el debilitamiento de la CICIG y consecuentemente del Ministerio Público, puede significar que la corrupción continúe sin límites y la impunidad se consolide y esto tuvo su momento culminante cuando el Congreso -en voto compacto- declaró sin lugar el levantamiento del antejuicio en su contra.
Es el momento de referirnos al Congreso de la República. Aproximadamente la tercera parte de los 158 diputados están, unos con juicio en proceso y otros con diligencias en trámite para que se les levante el antejuicio por sospechas de ser responsables de funcionamiento electoral ilícito o por haberse aprovechado de plazas fantasma. Estas situaciones han determinado que los diputados – con algunas excepciones – se unan graníticamente a sectores claramente identificados, para frenar la lucha contra la corrupción, presentando acciones judiciales espurias o retrasando maliciosamente los procesos en desarrollo, todo con el propósito de quebrar la lucha del Ministerio Público y la CICIG y llegar al momento de cooptar la próxima designación del Fiscal del Ministerio Público o debilitar a la CICIG. El blindaje que le dieron al presidente Jimmy Morales al rechazar que se le retirara el antejuicio -no obstante que la Comisión Pesquisidora dio dictamen favorable a que se le levantara el mismo- pone en evidencia que ambos – Presidente y Congreso de la República – están comprometidos con la corrupción y la impunidad.
Con sus actos, la actual legislatura -caracterizada por el transfuguismo- ha sido el peor Congreso de la República que ha tenido Guatemala. Con las manifestaciones ciudadanas que se dieron en 2015 se creyó erróneamente que la lucha contra la corrupción se consolidaría, pero como no se introdujeron las reformas necesarias para modificar el sistema político se postularon los candidatos equivocados para Presidente de la República y resultó electo un desconocido cuyo slogan era «ni corrupto ni ladrón» y resulto un Presidente timorato inexperto y que tenía colas de corrupción que se ignoraban; así mismo, se eligieron diputados que formaban parte de la misma clase corrupta contra la cual se creía que se estaba luchando. El personaje que lideraba el Partido Político ganador -FCN-Nación- dijo que lucharía contra el transfuguismo y resultó que no hizo ninguna acción en ese sentido y por el contrario aceptó y promovió que los tránsfugas se cobijaran en el FCN-Nación y en otros partidos descalificados. Las fuerzas corruptas empezaron a dominar en el hemiciclo, lo que ha significado un bloqueo permanente a la reforma de las leyes que la democratización del país exige. Las reformas que han realizado no son suficientes para consolidar la democracia, la transparencia y la honestidad que el pueblo demanda. Después de esta reciente jornada de valor ciudadano corresponde continuar la exigencia al Congreso de la República para que se lleven a cabo las pendientes reformas a las leyes que pueden garantizar que el sistema político del país se reforme y permita, además, que los procesos electorales que se llevarán a cabo en el futuro se rijan bajo otras normas y que además dejen de actuar esas funestas Comisiones de Postulación – por lo menos en la forma que han actuado en el pasado -.
Reitero, si no se introducen las reformas necesarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar formación política de sus miembros y democracia al Interior de los Partidos y si además no se fortalece la capacidad y control y fiscalización del Tribunal Supremo Electoral en las próximas elecciones, resultarán electos los mismos incapaces y corruptos que actualmente integran el Congreso de la República – con las concebidas excepciones -; y lo mismo sucederá con el que sea electo para Presidente y Vicepresidente. Una reforma básica a la ley citada deberá ser lo referente a los Distritos pequeños, la eliminación de elección por planilla y por Lista Nacional. Estas reformas le permitirán al pueblo de Guatemala elegir con mayor conocimiento al candidato de su preferencia. No me canso en señalar que el pueblo debe exigir la debida reforma a la ley citada y a otras importantes leyes que también requieren una modificación para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, combatir el contrabando y la evasión fiscal, el recto manejo del erario y el gasto público, el narcotráfico y el crimen organizado y la cooptación que éstos cuerpos criminales hacen de las instituciones del Estado; además, deben reformarse muchas otras normativas que el buen funcionamiento de las instituciones del Estado requieren y para que el Estado de Derecho sea una realidad y estén debidamente garantizados la paz, la seguridad, la igualdad, la salud, la educación, el salario digno y la libertad. Algo fundamental son las reformas al sector justicia y esto constituye un imperativo categórico en la demanda que el pueblo debe seguir planteando a la clase política que actualmente domina al Congreso de la República, cuya supervivencia está cuestionada.
El Congreso impidió que se levantara el antejuicio al presidente Jimmy Morales y este le manifestó al mismo su agradecimiento. Esta es otra mancha en la faz del Presidente, unida a la cínica declaración que al pedir la expulsión de Iván Velásquez y calificar la actuación de la CICIG como una intervención extranjera, estaba defendiendo la institucionalidad del país y que lo haría «hasta la muerte».
El Congreso de la República después de esa lamentable actuación de impedir que a Jimmy Morales se le investigara por financiamiento electoral ilícito, con un comportamiento abusivo -creyendo que nuevamente sería tolerado por la ciudadanía- y en un acto realizado con una ligereza sorprendente, dictó el 13 de septiembre dos Decretos que contienen reformas al Código Penal y que estaban orientadas a favorecer a la clase política que está guardando prisión y favorecerse ellos mismos para el caso de que la justicia los alcanzara, incluyendo un elemento muy importante consistente en quitar la responsabilidad penal de los Secretarios Generales de los Partidos Políticos y trasladar esa responsabilidad al responsable de llevar la contabilidad del mismo; además, hace desaparecer delitos y rebaja las penas de los ya cometidos facilitando la excarcelación bajo fianza, con lo cual salen beneficiados los delincuentes que guardan prisión en Matamoros y Mariscal Zavala y muchos otros delincuentes. Fue un acto extremo de cinismo y corrupción y pintó de cuerpo entero a los actuales diputados al Congreso de la República -con contadas excepciones -como un organismo corrupto y promotor de la impunidad.
Estos dos Decretos números 14-17 y 15-17 que contienen las citadas reformas al Código Penal, son claramente instrumentos «para garantizar corrupción e impunidad y su emisión originó una fuerte reacción popular en su contra, unido a la clara reacción de la Conferencia Episcopal de Guatemala, del CACIF y de muchas otras organizaciones, -acuerpando esa actitud, la Corte de Constitucionalidad dictó un Amparo Provisional para dejarlo sin efecto- , pero el Presidente -supuestamente representante de la Unidad Nacional se limitó a señalar que al recibir esos Decretos los sometería a un análisis jurídico y si correspondía los vetaría, con lo cual dejaba abierta la posibilidad de refrendarlos, cuando su actitud debió haber sido de rechazo absoluto. Una frustración más.
Lo anterior originó la fuerte presión ciudadana expresada en días pasados lo que obligó al Congreso de la República a retractarse y a emitir un Acuerdo mandando a engavetar estos oprobiosos Decretos – los diputados se llenaron de vergüenza y dieron marcha atrás -.
La ciudadanía con su significativa y valiente lucha cívica debe continuar exigiendo al Congreso de la República reformen de inmediato las leyes que garanticen el funcionamiento honesto de las Instituciones Políticas; y si hay resistencia, hay que mandarles que renuncien.
*Doctor en Derecho.
