David Napoleón Barrientos Girón
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Los guatemaltecos experimentamos una situación de crisis prolongada: población en pobreza, extrema pobreza y sin acceso a servicios básicos en aumento, corrupción generalizada, violencia, inseguridad pública, saqueo de los recursos naturales y estatales, entre otros.
La brecha entre las acciones de los órganos de gobierno y la realización del bien común como fin supremo del Estado, es cada vez más amplia, este último ha dejado de cumplir con sus deberes fundamentales que son: garantizar la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de cada guatemalteco; el pacto social no está funcionando, las reglas del sistema político guatemalteco se han agotado, la clase político administrativa actual perdió legitimidad.
Como muestra de esto, revisemos algunos hechos concretos acaecidos recientemente:
1. Las últimas actuaciones del Congreso de la República dañan la imagen de ese alto organismo y pone en riesgo el sistema democrático que se construye, el conflicto de intereses ahí es evidente. Habría que saber que más se ha aprobado y resuelto alejado del bien común y que los guatemaltecos desconocemos.
2. El bono otorgado al Presidente de la República es improcedente, si tomamos en cuenta que un soldado recibe 1,466 quetzales mensuales, las necesidades de modernización de la institución, entre otros; además porque daña la imagen del Ejército, el que desde el año 1993 ha dado muestras de institucionalidad y lo ratificó en el año 2015 al mantenerse al margen de la solución, ni respaldó ni depuso; integrado por mujeres y hombres que sirven a Guatemala sin exigir beneficios económicos extraordinarios. Igualmente habría que revisar los bonos que se otorgan en otras instituciones con fondos públicos, seguramente habría sorpresas.
3. Las invasiones a la propiedad privada en el interior del país se producen sin respuesta del Estado, incidiendo negativamente en la poca inversión que la agricultura genera y con un impacto inmediato en los trabajadores del campo en el interior, los que han quedado a su mejor suerte; debiera demandarse una inmediata solución de acuerdo a la legislación vigente, la realidad social y que prevalezca la justicia.
Para seguir construyendo esta democracia, es necesario que se produzcan cambios sustanciales en la política guatemalteca, debemos asumir la responsabilidad generacional de discutir respecto a organización y función del Estado, apelando a la capacidad de abordar temas de país sin tratar de imponer criterios radicales; seguramente al hacerlo encontraremos más acuerdos que desacuerdos.
La complejidad radica en identificar quién o quienes deben asumir esa iniciativa, ya que los guatemaltecos desconfían todos de todos, cualquier iniciativa se etiqueta con corrientes ansiosas de poder y con o sin razón son rechazadas.
En consecuencia debería propiciarse un debate intersectorial para determinar si una Asamblea Nacional Constituyente es viable en las circunstancias actuales y que su objetivo sea revisar las reglas generales del sistema político, por personas que nos representen a todos sin exclusión, porque llegara inexorablemente el momento de hacerlo. Debiendo abordarse en principio una reforma electoral de fondo, que permita participar a los guatemaltecos no solo a través de partidos políticos, sino también a través comités cívicos, privilegiar la elección nominal, entre otros muchos temas.
Las transformaciones llegarán y ojalá no al margen de la democracia con consecuencias desconocidas, como se ha observado en sistemas autoritarios instaurados en la historia reciente que agudizan la situación política, social y económica. Debemos cuidarnos de discursos y tendencias ortodoxas que la historia ha rebasado, muy atentos a eso para no hacerle el juego a los extremos ideológicos.
La transparencia es la garantía de la legitimidad, lo que se hace en las sombras del anonimato es susceptible a la perversidad.
