Ayer el CACIF, al terminar la reunión con el presidente Morales, expresó que la crisis actual obliga al diálogo entre las partes, entendiendo así que se trata de buscar acuerdos que pongan fin al conflicto que pareciera ser personal entre el mandatario y el Comisionado de la CICIG. Si el pleito es por cuestiones personales, por supuesto que el diálogo fácilmente puede ponerle remedio al desencuentro, pero si se trata de una confrontación por temas de principio y muy profundos, haría bien el sector empresarial en detallar cuáles son los términos en los que, según ellos, se debe buscar el entendimiento.

¿Será que se debe dialogar para que Velásquez se quede y se termine la investigación del financiamiento electoral ilícito al partido de gobierno cuando el hoy Presidente era Secretario General? Sin definir los términos podríamos pensar que a lo mejor el diálogo debe ser sobre si continúa o se le pone fin al esfuerzo contra la corrupción o, más puntualmente, si para afianzar lo que llaman gobernabilidad hay que dejar ya de investigar a cualquiera que ostente un cargo público.

A lo mejor el CACIF piensa que es bueno sentarse a la mesa de diálogo para definir si la lucha contra la corrupción es una agenda de la izquierda y que por ello, ahora que Trump está amarrado con Putin, no quitó a Robinson, manda a Arreaga y, de ajuste, su gobierno expresa absoluto apoyo a Velásquez tanto en Naciones Unidas como desde el Departamento de Estado. Debatir, en ese contexto, si el rechazo a la lucha contra la corrupción es una agenda de nuestra derecha simplemente como defensa ante un gesto izquierdista o porque no quieren que cambien las prácticas.

Pero lo puntual, que nos deberá decir el CACIF sobre su genial propuesta para terminar con la crisis es en qué términos ven ellos que se pueden alcanzar acuerdos para desmontar la confrontación que nos está haciendo tanto daño. Por qué hubo tanto aplauso cuando en el 2015 cayeron los funcionarios del gobierno de Pérez Molina y cuál fue la razón por la que ese respaldo entusiasmado, con empresarios volcados en la plaza, cambiara tan radicalmente luego de que se presentó el caso de Cooptación del Estado.

Obviamente lo único que pondría fin al conflicto es dejar sin efecto el antejuicio al Presidente y la promesa de no investigar más a nadie, ni del Congreso, ni de las Cortes y menos a financistas políticos, y que Velásquez se dedique a dar conferencias sobre técnicas de investigación para justificar su sueldo.

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