Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
En la mañana del domingo 27 de agosto los guatemaltecos despertamos sorprendidos con un video grabado por el presidente Morales, por medio del cual declaró persona non grata al comisionado Iván Velásquez y le exigió –sin fundamento alguno– que se retire del país. No se puede perder de vista que la decisión de Morales es un mecanismo de defensa.
Cuando Jimmy Morales asumió el mandato presidencial expresó su apoyo a la CICIG. Pero a partir de que su hijo y su hermano fueron vinculados con un caso de corrupción, cambió radicalmente su postura. La investigación sobre el origen de los fondos recibidos por el FCN –Frente de Convergencia Nacional–, durante la campaña, tiene al Presidente en apuros, ya que al haber sido él secretario del partido, debe rendir cuentas de sus actos. El día 25 de agosto, en Nueva York, mientras el Presidente visitaba al secretario general de la ONU, António Guterres, en Guatemala el Ministerio Público presentaba antejuicio en su contra.
A Morales no le gustó verse reflejado en el espejo de sus antecesores, así que buscó la expulsión de Velásquez del país, creyendo que así se libraría de enfrentarse a la justicia. ¿Se olvida que en un régimen de legalidad su poder tiene límites? Su reacción al expulsar al Comisionado se puede encuadrar en lo que la ley define como obstrucción a la justicia. Además, implica desbaratar un esfuerzo serio de lucha contra la corrupción. Es lamentable que el Presidente, responsable de la unidad nacional, no sea capaz de velar por los intereses de los ciudadanos y prefiera, en sus decisiones, anteponer sus propios intereses y los del crimen organizado.
La crisis política que enfrenta el país nos recuerda la situación que se vivió en 2015 cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vice Roxana Baldetti enfrentaron antejuicios y perdieron su inmunidad. Pero el contexto sociopolítico de este momento es completamente distinto. La sociedad está dividida, por un lado, se encuentran los enemigos viscerales de CICIG, que son los que enfrentan procesos por corrupción, sus familiares y quienes enarbolan la bandera de la soberanía. En el otro están los que saben necesaria la presencia de la Comisión en el país, que respaldan la labor de Iván Velásquez, lo admiran por su compromiso con la justicia y la búsqueda de la verdad.
Es en momentos de crisis cuando se prueba la función de las instituciones democráticas. Serán las Cortes quienes definan el futuro del país. Estas deben actuar con absoluta independencia y garantizar que sus resoluciones están fundamentadas en la ley y no en presiones de ninguna clase.
La Corte de Constitucionalidad emitió un fallo, sin precedentes, al suspender de forma definitiva la expulsión del Comisionado, por medio de la resolución de un amparo provisional. A la Corte Suprema de Justicia le corresponde resolver sobre el antejuicio del Presidente y trasladarlo al Congreso. Por el bien del país es necesario aclarar la situación jurídica del mandatario, con transparencia y objetividad.
El Presidente, por su parte, está obligado a respetar las resoluciones judiciales y a garantizar la seguridad de todos los funcionarios del sector justicia –sin excepción–, pues muchos de ellos están siendo amenazados por las mafias que por años han tenido el control de las instituciones del Estado y se resisten a desaparecer.
