Alfredo Saavedra
Desde Canadá.- Gracias a la existencia de Internet, que en este y otros escenarios conspicuos tiene una importancia de gran valor, han sido dados a conocer dos muy reveladores documentos que, aunque de primera intención referidos a dos personas, un hombre y una mujer, con ancestro de ultraderecha, recapitulan sucesos históricos de la política en Guatemala que en conclusión confirman el siniestro poder e intervención que la oligarquía y los grupos subordinados a ese marco de la clase rica del país han tenido al extremo de exponer claramente el patrocinio, compartido con las fuerzas militares del momento crucial del conflicto armado, para el cometido de la acción criminal que causó la desaparición y muerte de 200 mil ciudadanos –hombres, mujeres y hasta niños– no comprometidos en la guerra.
Esto último, revelado de una forma perturbadora, como parte de esa tragedia nacional, en el documental Oscar, exhibido recientemente en Canadá promoviendo compasión y sobre todo convicción del sufrimiento de niños y adultos, masacrados o secuestrados, en la comunidad Dos Erres. El documental es parte de otros trabajos fílmicos que han precedido a Oscar, abriéndole los ojos a un público canadiense, en cierta forma indiferente a lo que ha sucedido en Guatemala en el reciente pasado histórico.
Resulta significativo que los mencionados documentos revelados por el portal Guatemala Chronicle, resalten la participación de los cubanos Domingo Moreira y Gerardo Sampedro, entre los más prominentes, corridos de Cuba tan pronto se produce el triunfo de la Revolución en 1958, pero acarreando su dinero para invertirlo, el primero en la industria pesquera y el otro en la ganadería. Como guardianes de sus posesiones, encuentran en el país hospedaje en las filas de la derecha fertilizada en el capitalismo nacional y por consiguiente como parte del padrón anticomunista que en su ocasión organiza y financia los Escuadrones de la Muerte cuya criminal función fue ya de sobra conocida.
La presencia de esos poderosos cubanos y otros extranjeros capitalistas asociados con la oligarquía y la burguesía industrial y comercial del país, forma un cuadro que organizado en instituciones de representatividad legal como la muy conocida por sus siglas entidad gremial, tienen una predominante influencia en la política gubernamental, con capacidad incluso de tomar decisiones que de manera subrepticia manipulan en especial a los poderes Ejecutivo y Legislativo, este último mediante soborno, como se ha denunciado con frecuencia.
El presidente general Carlos Arana, dio un giro de 180 grados al papel de la cúpula militar, cuando por el año 1972 pronunció la siguiente muy reveladora declaración: “Basta de cuidarle la riqueza a los ricos, hagámonos ricos nosotros también”. De inmediato el gobernante y otros oficiales de alta graduación resultaron, mediante poderdantes, empresarios en industrias cerveceras y del cemento, entre otras.
Siendo ya de alguna forma las fuerzas armadas parte del poder de la economía nacional, la función del ejército, que constitucionalmente es para resguardar la soberanía nacional, creció en el rol de fuerza represiva, que desempeñaba desde los años 60 y en lugar de establecer su combate a la por entonces vigente subversión armada, dirigió la represión contra la población civil, causando la desaparición y asesinato de intelectuales, profesionales universitarios, obreros y campesinos.
Los años han pasado y es de suponer que el Ejército Nacional es dirigido por una nueva generación de oficiales, con nueva mentalidad y ejecutorias, sin subordinación a ese insidioso monstruo que habrá de ser sometido por un gobierno de legítima democracia y que las Fuerzas Armadas se conviertan de verdad en aliadas del Pueblo como lo intentarían en su adhesión al proceso progresista y democrático del período de los diez años de la Revolución surgida del movimiento del 20 de octubre de 1944
