La existencia de investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito son cruciales para asegurar la democracia que establece la Constitución Política de la República de Guatemala porque, en efecto, ese financiamiento es el cáncer de nuestro sistema político toda vez que es la puerta de entrada a la rampante corrupción que nos ha robado oportunidades de desarrollo y que ha cobrado muchas vidas, no sólo en términos de la desnutrición que afecta a la mitad de nuestra niñez, sino también por los efectos de la falta de salud pública, de seguridad ciudadana, además de los que mueren tras emprender la aventura de la migración en busca de las oportunidades que aquí no se crean porque todo se va en el robo y el latrocinio.
Objetar o pretender obstruir esas investigaciones es un atentado contra los derechos políticos de los guatemaltecos, y por ello es que las acciones contra el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, tienen que entenderse no como una decisión de Estado sino como un capricho del gobernante, quien ciertamente goza de importantes apoyos en esa aventura porque atrás están no sólo los “Señores del Zavala” y sus redes, sino muy poderosos personajes de los que actúan y se sienten dueños del país, quienes además de financiar la lucha contra la CICIG y el MP, aplaudieron la decisión del Presidente cuando se las comunicó.
El artículo 45 de la Constitución otorga el carácter de legitimidad a la resistencia de los ciudadanos ante los caprichos de quienes detentan el poder y al producirse la declaración de no grato contra Iván Velásquez, el pueblo deberá entender que la única forma de revertir esa medida es con otro gobernante, sensato y patriota, que declare nuevamente grato al titular de la CICIG.
El pueblo de Guatemala falló cuando no defendió el argumento de que “En estas condiciones no queremos elecciones”, porque está claro que quienes lo sostuvieron tenían toda la razón. Las elecciones pasadas fueron realizadas bajo las mismas condiciones de siempre, con partidos y dirigentes corruptos que desde la campaña empezaron a amasar fortunas corruptas y por ello el país es ahora una cloaca.
Los guatemaltecos y la comunidad internacional debemos entender que nuestra situación es igual o peor que la de Venezuela porque aquí lo que gobierna es la ambición que amalgama a ese poder corrupto que secuestró la institucionalidad del país. Al Presidente le apoyan millones de dólares repartidos entre los presos por la corrupción y quienes quieren evadir la cárcel por sus mañas, pero al pueblo le llegó la hora de reaccionar.
