Juan José Narciso Chúa
“La democracia es el mejor sistema de gobierno, hasta que se demuestre lo contrario”, señalaba Winston Churchill y ciertamente constituye el mejor esquema hasta ahora descubierto, pues permite abrir las sociedades al ejercicio del poder y del Gobierno, pero acá en Guatemala, como en otras latitudes, la democracia ha significado un cambio de ritmo, una alternancia en el poder, una apertura de las diferentes libertades –organización, locomoción, libertad de expresión, entre otras, una ampliación de la importancia de los derechos humanos, una mejora en la convivencia de una sociedad, entre las más significativas.
Sin embargo, el ejercicio democrático en Guatemala emergió sobre bases bastante débiles y hasta anacrónicas, tal como ocurrió en la transición de los regímenes abiertamente represivos y violadores de los derechos humanos, como los últimos gobiernos militares, sino además se inició una nueva etapa en una transición en donde el poder de las fuerzas armadas, era todavía bastante enraizado, tanto en mantener sus prácticas contrainsurgentes, sino además continuar con prácticas propias para sus intereses particulares en hacer del propio Estado, su patrimonio.
Esta situación fue cambiando poco a poco y con ciertos momentos álgidos como el caso del rompimiento de Serrano, que contribuyó, sin querer, a marginar por desprestigio al Ejército como factor de poder, que luego se complicó un poco durante el régimen de De León Carpio.
Sin embargo, el sistema continuaba en el ejercicio de beneficios derivados del uso del patrimonio del Estado, pero también en otros actores que se favorecían del mismo, entre ellos políticos, funcionarios, alcaldes, jueces, magistrados y empresarios –tradicionales como emergentes–, con lo cual el sistema se aseguraba su pervivencia, utilizando como medio la corrupción que aseguraba réditos permanentes y fortunas colosales.
Este proceso continuó y continúa hasta que llegó al período del Presidente Pérez Molina, cuando el mismo rebalsó completamente, la codicia fue el elemento cohesionador, se perdieron hasta las formas, con lo cual el descaro imperó y llevó a la autodestrucción del régimen, con las secuelas hoy ampliamente divulgadas y conocidas.
La movilización social que ocurrió en contra de las tropelías y fechorías de este período de Gobierno, constituyó un factor que seguramente pudo ser de mayor trascendencia si efectivamente hubiera sido de mayor amplitud, pues los cambios significaban el elemento que cohesionaba tales movilizaciones.
Ello llegó hasta el resultado de las elecciones, en donde la mayoría buscó justamente eso, el cambio, otorgándole el mandato al actual mandatario, que pudo haber traducido esa oportunidad en un proyecto de mayor calado y profundidad. Sin embargo, todo este proceso nos ha dejado con una democracia un tanto vacía, principalmente en lo político, en donde el Congreso de la República ha mostrado su renuencia total a propiciar transformaciones; el Gobierno tampoco se ha mostrado interesado en alinearse en este sentido, e igualmente las élites y las cámaras poco han cambiado para iniciar trayecto hacia la modernidad y la competencia.
Hoy únicamente la CICIG y el MP muestran un esfuerzo permanente por dotarle a la democracia de contenido. Esa sustancia que debería ser un esfuerzo permanente de todas las autoridades, hoy ha dejado prácticamente solos al Comisionado Velásquez, como a la Fiscal General Aldana, quienes han continuado construyendo poco a poco, un nuevo ejercicio del derecho y la justicia, apuntalando un nuevo Estado de Derecho, principalmente democrático y representativo.
El sistema que busca retornar a la comodidad del Estado como patrimonio de intereses, busca e intenta devaluar el papel de la CICIG y el MP, ejerciendo influencias, movilizando recursos financieros, construyéndose hipótesis equivocadas, desinformando y creyendo que un cambio de embajador de Estados Unidos, los iba a retornar, casi inercialmente, a su anterior estado de impunidad, pero no.
La democracia demanda más contenido, sin duda, y ello implica transformaciones profundas y verdaderas, ese proceso será difícil revertirlo completamente, pero también no será exento –tal como ocurre desafortunadamente hoy–, de tropiezos y problemas. La democracia demanda una nueva actitud de los políticos, de los funcionarios, de jueces, de magistrados, pero también de los empresarios y sus cámaras, para abandonar la comodidad de la corrupción, la impunidad, el enriquecimiento fácil y los beneficios económicos impuestos y llevarnos a un Estado de Derecho democrático, a un ejercicio representativo del poder y a una economía que abra los mercados y compita abiertamente. El pueblo tiene mucho que decir y hacer, no cabe duda.
