Jorge Santos
De abril de 2015 al presente mes, el Ministerio Público, en particular la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha desarrollado por lo menos 20 casos de corrupción e impunidad que implican a más de 400 personas. De estas más de 300 guardan prisión preventiva y al menos 100 se encuentran prófugas de la justicia. Pero más allá de los números y las estadísticas, lo importante es quiénes están detrás de los mismos, exfuncionarios del más alto nivel entre los que se encuentran el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, dos exministros de la Defensa, uno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y un exministro de Gobernación. También se puede contar a un importante grupo de empresarios, exmilitares y hasta sindicalistas en este selecto grupo que hoy espera que los procesos judiciales den marcha a sus respectivas sanciones.
Si bien es cierto que la mayoría de estos casos corresponden al ejercicio gubernamental del Partido Patriota, esto no quiere decir que el modelo clientelar y corrupto haya nacido en el 2012. Así como la violencia ha sido consustancial a la existencia del modelo de estado guatemalteco, la corrupción y la impunidad lo han sido para el modelo de desarrollo existente. Para nadie es un secreto que prácticamente la totalidad de fortunas en el país se han dado al amparo de las posibilidades que el Estado y sus instituciones han fraguado a favor de determinados intereses, de tal cuenta que el afamado ron, el único cemento, la producción avícola, la cerveza, las telecomunicaciones y hasta ser “orgullosamente” el 4to exportador mundial de azúcar han sido gracias a los privilegios y la corrupción; no de la tan cacareada competitividad de las empresas chapinas.
Basta regresar a 1996, cuando el gobierno pro empresarial de Álvaro Arzú, firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera e impulsó una agenda de profundización del modelo de estado y desarrollo basado en cuatro pilares: expoliación, violencia, corrupción e impunidad. Aún hoy, buena parte del “desarrollo” empresarial está basado en el impulso de una serie de reformas legales que dieron paso a esto como las reformas a la Ley de Minería que permite el saqueo de nuestro subsuelo y a la Ley de Telecomunicaciones. En esta misma línea se entiende el desinterés por el impulso de una ley que regule la posesión, uso y cuidado del agua en el país.
De tal cuenta que para modificar la forma histórica de producir riqueza en el país, es urgente la realización de un nuevo contrato social que modifique este modelo de estado y por ende el modelo de desarrollo; porque aunque es importante el avance de la justicia en los casos de corrupción e impunidad, no serán suficiente impulso para detener los mecanismos que están arraigados hasta en el tuétano de la élite económica.
