Francisco Cáceres Barrios
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El mal manejo de los fondos públicos viene desde tiempos inmemoriales, pero si la memoria no me falla se acrecentó en Guatemala durante la triste época de Miguel Ydígoras Fuentes. No olvido los años 60, de gran convulsión nacional por cierto, en que se empezó a transformar el país en una enorme cloaca con la compra de organizaciones sindicales, corrupción a todos los niveles, comisiones de compra y pago exigidas por un su pariente cercano al mandatario y hasta el nombramiento de un conserje que no se hacía sin dejar de pasar dejando su cuota en la canastilla de mimbre. Lo demás es historia, miles de formas para pasar el dinero por debajo de la mesa comprando voluntades, ganando elecciones o simplemente saliendo de pobre de la noche a la mañana.
Pero tamaño descaro como el que ahora nos ha tocado ver, en serio, no lo habíamos visto nunca y con esto más, que se sigue de frente a pesar de la apertura de bocas o de salidas de ojos de sus órbitas ante el asombro. Mejor ejemplo de ello están las compras y contrataciones que siguen viento en popa, sea decretando estados de emergencia o permitiendo, como lo acaba de hacer la Corte de Constitucionalidad, con un fallo que concede a algunos ministerios el poder gastar más de setecientos cuarenta millones de quetzales sin llenar el mínimo requisito de saber a ciencia cierta a manos de quien van ir a parar las ayudas en efectivo y especie que provienen de los recursos que los contribuyentes aportan con sus impuestos.
Mucho se ha dicho y criticado, en ello también me incluyo, de la ineficiencia de la Contraloría General de Cuentas para cumplir con sus deberes y obligaciones pero ¿qué responsabilidad podrá tener cuando exigió que se hiciera un censo previo a entregar la ayuda que el Estado otorga a la gente necesitada, para evitar el aparecimiento de que más de 400 personas ya fallecidas fueran las beneficiadas? Claro que la gente pobre no tiene la culpa de que los funcionarios incumplan con sus deberes pero, eso bajo ningún punto de vista debiera significar que se deje el arca abierta, cuando bien sabemos que con ello hasta el justo peca.
Con la mano en la conciencia puedo asegurar que hay que cambiar la Ley de Compras y Contrataciones, pero no para quitarle candados, sino para hacerla expedita con eficaces pruebas y controles mucho más eficientes de lo que hoy tiene, como también estoy convencido que utilizar eslóganes de campaña como los de no robar o no mentir, no sirven para nada si al menos no fueran tan descarados. ¿Usted qué opina?
