Víctor Ferrigno F.
Poco o nada tienen que celebrar los Pueblos indígenas en su día oficial, pues son escasos los avances en la concreción de sus derechos, y hay muchos retrocesos, especialmente en Guatemala, donde cada día son más pobres, más desnutridos y más reprimidos.
El 9 de Agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos indígenas, establecido por la Asamblea General de la ONU en 1994. Según esta instancia, hay más de cinco mil Pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas. De ellas, unos 50 millones viven en América, constituyendo aproximadamente el 12% de los habitantes del continente, alcanzando en ciertos países entre el 60 y el 80% del total nacional.
A pesar del reconocimiento del aporte de los Pueblos originarios para el conjunto de la humanidad, como depositarios de la diversidad cultural y principales conservadores de la diversidad biológica del planeta, tradicionalmente han sido discriminados por la sociedad y la cultura dominante.
En Guatemala, antes se les masacraba y ahora se les mata de hambre, o se niega legalmente su existencia, como hizo el Ministerio de Energía y Minas con los xincas, en el caso de la mina San Rafael, en Casillas. En los tribunales adujo que no hay indígenas en la zona, razón por la cual no fueron consultados antes de otorgar las dos licencias. En respuesta, más de tres mil xincas se apersonaron ante la Corte de Constitucionalidad, demandando la cancelación definitiva de las licencias mineras, y el respeto a su identidad, a su cultura y a su derecho a definir el modelo de su propio desarrollo.
Sobre este tema, precisamente, se pronunciaron en el Día Internacional de los Pueblos indígenas, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y el Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, quienes urgieron a los Estados de América a garantizar el derecho de los Pueblos indígenas a una participación significativa y efectiva en los procesos de toma de decisiones relacionados a proyectos de inversión o de desarrollo que puedan afectar sus derechos y su supervivencia cultural, y a reafirmar su derecho a un desarrollo resultado de su libre determinación.
Ambos Relatores reiteraron, además, que el objetivo de los beneficios compartidos o del derecho a su libre determinación constituye una corrección de las injusticias históricas sufridas como resultado de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses.
El Estado de Guatemala ha ratificado los más importantes tratados internacionales sobre derechos de los Pueblos indígenas, pero en sus políticas públicas los sigue discriminando y excluyendo, pues la verdadera política de un gobierno se refleja en el presupuesto público.
Según en un estudio del ICEFI, de agosto pasado, por cada quetzal invertido en población no indígena, el Estado tan solo invierte 45 centavos en los Pueblos indígenas. Del presupuesto total de 2015, solamente una cuarta parte fue destinada a los Pueblos indígenas, lo que equivale al 2.2% del producto interno bruto (PIB), contra el 6.5% de las inversiones dirigidas a la población no indígena.
En los municipios en los cuales más del 90% de la población es indígena, el máximo nivel de inversión diaria en una persona es de Q4.40, llegando a Q21.90 en los municipios con un 90% de población no indígena; puro racismo estructural.
Asumámoslo, la Guatemala del futuro será con los indígenas, o no será.
