Adolfo Mazariegos
En días recientes el tema de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha cobrado nuevamente cierta relevancia. No obstante, en ello, las expectativas ciudadanas y la realidad parecieran estarse distanciando inexorablemente entre sí. Las noticas que se han tenido al respecto y las evidencias que se han ido colando inadvertidamente por distintos medios, indican que los vicios del pasado y las prácticas clientelares de los procesos eleccionarios de los últimos períodos, siguen siendo parte de la dinámica que mueve gran parte del sistema de partidos políticos en el país, y que siguen arraigados en esa suerte de cultura a la que muchos ven como algo que no va a cambiar porque así ha sido ya durante mucho tiempo (algo terrible para el país, sin duda). Las llamadas Reformas de Primera Generación, tan comentadas y alardeadas por todos lados en su momento, sencillamente resultaron un fiasco; y lo que se avecina con las Reformas de Segunda Generación, pareciera venir por un camino similar o peor que desde ya les hace lucir por el mismo estilo, sin modificaciones de fondo, sin un compromiso serio y formal de cara al futuro de las nuevas generaciones, y con una clara intención de no responder a las demandas ciudadanas sino por el contrario, intentando mantener los espacios ya conquistados de una manera u otra en el pasado. En ese sentido, puede decirse que lo único cierto en este asunto, es que el futuro político-partidista guatemalteco, para la ciudadanía, sigue viéndose tan incierto como supuestamente ya no tendría que suceder. El reciclaje de actores “políticos” (individuos) que pasan a formar parte de “nuevos partidos” -por ejemplo- se sigue dando; las demandas ciudadanas en cuestiones de fondo se siguen ignorando, y esa visión tan limitada en función de no querer trabajar por un mejor país desde el ámbito de la administración pública y desde los organismos de Estado sigue siendo más que notoria, lo cual es lamentable, no sólo porque se subestima al guatemalteco en términos generales, sino porque se desaprovecha la oportunidad de realizar cambios reales y necesarios que mucho contribuirían a conseguir una mejor Guatemala. Los partidos políticos deben ser verdaderos vehículos de intermediación entre la ciudadanía y quienes les representan en los organismos del Estado, y deben ser vistos como verdaderas instituciones de derecho público cuyo objetivo debe estar enfocado en la consecución del beneficio colectivo (de país) y no como mecanismos o medios para obtener beneficios personales y particulares en las instituciones públicas. Por ello, de cara al proceso electoral de 2019 (que está más cerca de lo que podríamos pensar) la independencia del Tribunal Supremo Electoral es imperante, así como la toma de conciencia de quienes poseen o detentan alguna cuota de poder y quienes aspiran a tenerla (sin olvidar, por supuesto, el importante papel de la ciudadanía en su conjunto). Sin lugar a dudas, hacer las cosas es importante, pero en esta coyuntura, más importante es hacerlas bien.
