Jorge Santos
El 4 de febrero, del presente año, el profesor y defensor de derechos humanos se encontraba con su esposa y sus hijos menores de edad, cuando un operativo de la Policía Nacional Civil le captura injustamente. Desde aquel momento a la fecha se han suscitado de manera sistemática una serie de violaciones al debido proceso y por supuesto una injusticia cometida contra Abelino, su familia, su comunidad y por supuesto en contra del Sistema de Justicia.
Al igual que otras personas que defienden derechos humanos en el país, el único delito cometido lo constituye la exigencia de una vida digna para su comunidad y en el caso particular de Abelino, la lucha por el acceso a la tierra y la defensa del territorio del Pueblo Q´eqchi´ frente a la agresión y la imposición de la inversión privada para saquear recursos naturales ancestralmente protegidos por el Pueblo en cuestión.
Abelino fue promotor comunitario de la Fundación Guillermo Toriello hasta el día de su captura y a lo largo del desempeño de sus labores, facilitó y fue reconocido por la propia institucionalidad pública, como un actor clave en el impulso del diálogo y la negociación permanente. Sin lugar a dudas esa actividad, que impide el uso de la violencia y la fuerza por parte de los terratenientes del área de El Estor y el Valle del Polochic fueron los causales de su injusta detención.
En el transcurso del proceso, el juzgado de Puerto Barrios a cargo de Edgar Aníbal Arteaga, se ha constituido en el adalid de la impunidad, el atropello y la injusticia contra este defensor de derechos humanos. Sin lugar a dudas en este proceso se han configurado los poderes para asestar un golpe contra Abelino Chub, pero también en contra de las comunidades del Pueblo Q´eqchi´ que lucha por una vida digna. Los agravios cometidos en el proceso no son pocos y constituyen una afrenta, incluso, para el propio sistema de justicia en el país.
Entre otros agravios se puede mencionar que cuando la fiscalía intimó hechos, no demostró el grado de participación de Abelino en los delitos que se le indilgan. Aun así fue ligado a proceso. La finca supuestamente usurpada e incendiada por Abelino, se encuentra suspendida en su inscripción por anomalías registrales, por lo que no hay motivo para que la empresa minera CGN se constituya como querellante adhesivo en el proceso; pese a ello el juez los aceptó provisionalmente.
Y sin lugar a dudas uno de los hechos de mayor gravedad lo constituye el hecho de que en la última audiencia el MP solicitó la clausura provisional del caso en contra del Defensor de Derechos Humanos, Abelino Chub Caal, además solicitaron que se le pusiera en inmediata libertad. El juez rechazó tal petición y ordenó al MP presentar acusación formal, siendo evidente su parcialidad hacia los intereses del capital privado de la minera. Es por todo ello que lo único que le corresponde al Sistema de Justicia es liberar a Abelino y ojalá más adelante puedan derivarse las sanciones hacia este juez servil a los intereses mineros y palmeros en la región.
