Factor Méndez Doninelli
El 30 de agosto de cada año se evoca a nivel mundial el Día Internacional del detenido desaparecido, apelativo que se refiere a las víctimas de desaparición forzada e involuntaria, una grave violación de Derechos Humanos (DD. HH.), considerada crimen de lesa humanidad, cometido contra opositores políticos por Gobiernos civiles y militares de corte dictatorial y autoritario. Esa modalidad criminal fue empleada en América Latina durante las décadas de 1960 a principios de 1990 en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN).
Esta práctica fue usada en diversos países, tuvo su origen en el entrenamiento común, que recibieron militares represores en la Escuela de las Américas, del Gobierno de Estados Unidos que funcionaba en República de Panamá. Oficiales de las fuerzas armadas latinoamericanas, incluyendo guatemaltecos, fueron entrenados por sus pares estadounidenses para reprimir protestas sociales, detener, torturar y desaparecer a los oponentes.
El primer paso de este método es la captura de la víctima por parte de agentes de seguridad, de grupos encubiertos de policía o paramilitares, que contaban con apoyo oficial. La detención ilegal y arbitraria de personas fingía la brutalidad de un secuestro. Se sometía a la víctima a tratos crueles e inhumanos, a torturas físicas y psicológicas, mientras, los aparatos oficiales de información negaban a familiares y amigos, conocer el paradero de la persona buscada. Finalmente, la víctima era asesinada y su cadáver ocultado. El ocultamiento del cadáver contó en muchas ocasiones con el apoyo de aviones y helicópteros militares, desde donde los cuerpos eran lanzados al mar, a cráteres de volcanes activos o a lugares de difícil acceso.
Así ocurrió en Guatemala, durante el Conflicto Armado Interno, los cuerpos de muchas víctimas fueron a parar al Océano Pacífico, otros lanzados al cráter del volcán Pacaya o enterrados en cementerios clandestinos. Cuando fui Asesor Jurídico de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos, descubrimos un cementerio clandestino en el cráter del volcán Pacaya, en mayo de 1972. Allí estaban varios cuerpos y restos de unas 10 personas, reportadas como desaparecidas. Años después, dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) fueron capturados, torturados y desaparecidos, porque sus cuerpos se lanzaron al mar desde un avión militar.
La desaparición de personas ha significado años de angustia y sufrimiento para los familiares. Por eso, se organizaron en demanda de información y de justicia. La desaparición de más de 45 mil personas, originó el Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADES) (1972), posteriormente, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) (1984), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMDEGUA) (1990) y más tarde, el grupo H.I.J.O.S. que desde su fundación, libran batallas contra la impunidad.
Ningún responsable intelectual o material ha llegado a la justicia, al contrario, los verdugos siguen libres, la verdad se encubre y el tejido social guatemalteco sigue desgarrado. Los responsables de los abusos continúan impunes y el Estado se niega a crear el sistema nacional de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno, los poderes fácticos y ocultos impiden que esto ocurra. No hay voluntad política.
Conocer la verdad sobre lo ocurrido es un derecho universal que se niega a miles de familias. Homenaje a la memoria de las víctimas, a las mujeres, madres, esposas e hijos que luchan contra la impunidad, exigen juicio y castigo a responsables y respeto a Derechos Humanos.
