Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En la reunión que tuvo el Presidente con los jefes de bloque el pasado lunes se avanzó en propuestas que tienen la finalidad de reformas a las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado para “facilitar” al Gobierno operaciones que supuestamente se entrampan por el contenido de la normativa actual. Entre lo que no han podido hacer es el pago de la deuda de arrastre, esa que no se pudo pagar porque no existía el fundamento legal para asignar los fondos a los contratistas que generaron lo que se ha descrito como un adeudo ilícito de acuerdo a lo que establece nuestra ley.
En otras palabras, lo que se proponen el Gobierno y algunos diputados es aprobar normativas que legalicen lo ilícito, pretendiendo con ello que lo mal hecho sea amparado por normas que apruebe el Congreso y que tendrían que tener carácter retroactivo porque la principal preocupación es pagarle a los acreedores que fueron contratados sin llenar los requisitos de ley. Esos acreedores son, en muchos casos, los mismos que han participado en la danza de sobornos que se puso en evidencia con las investigaciones sobre las empresas que formó Sinibaldi para canalizar las mordidas que le pagaban los constructores.
Creo sinceramente que es un grave error ese de andar queriendo honrar los trinquetes que se han venido cometiendo en el país porque se envía un pésimo mensaje a la población. Es la misma razón por la que siempre me opuse a la forma en que el Gobierno manejó el tema de la Terminal de Contenedores Quetzal porque, por importante que pueda ser el proyecto de una ampliación portuaria de ese tipo, no podemos de ninguna manera aceptar, ni siquiera por esa importancia comercial, que subsista un negocio que tiene origen en un cuantioso soborno entregado a las más altas autoridades del país.
Pero el mismo Ministro de Finanzas que convenció al Presidente Morales de embarcarse en el aval del trinquete de TCQ, es quien ahora está abogando por reformas legales que tienen la misma finalidad, es decir, consagrar como válido y lícito lo que tiene origen espurio y criminal. Esa es, aparentemente, la forma de certeza jurídica que pretenden algunos a los que el titular de la cartera representa fielmente porque, al fin de cuentas, para ellos la corrupción no es problema porque lo que les interesa es que se mantenga “el ritmo de los negocios” sin que preocupe cómo se hacen.
El Congreso está en una situación ya comprometida porque son muchos los desaciertos que ha tenido en esta legislatura que ha confirmado la creencia popular de que cada una que se instala es peor que la anterior. En el caso de TCQ, en el que también quisieron embrocar a los diputados, éstos lograron zafarse de la presión y lo mismo tienen que hacer ahora cuando desde Finanzas les llegará una iniciativa que persigue validar lo ilegal e inmoral porque deben entender que lo insólito está ocurriendo en Guatemala y que la rendición de cuentas empieza a ser una demanda social.
