Luis Enrique Pérez
Distingo entre Estado y gobierno. El Estado está constituido por todos los ciudadanos. Incluye a gobernantes y gobernados. Son gobernantes los ciudadanos que ejercen el poder del Estado, o poder público, el cual puede ser legislativo, judicial o ejecutivo. Son gobernados los ciudadanos que están sometidos a la autoridad y al poder que ejercen los gobernantes. El gobierno es una parte del Estado, y no el Estado mismo.
Entiendo por seguridad civil aquella seguridad que, mediante funciones legislativas, judiciales o ejecutivas, los gobernantes deben brindarle a los gobernados para evitar que sean víctimas de actos delictivos, entre ellos la transgresión del derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a conservar los bienes legítimamente propios. Creo que brindar seguridad civil es una de las finalidades esenciales del gobierno, que le confiere legitimidad a la autoridad y al poder que el Estado le otorga. Si no cumple con esa finalidad, el gobierno es ilegítimo.
La seguridad civil comprende por lo menos cuatro partes: primera, fuerza policial que actúa para prevenir el acto delictivo, o para obligar a que cese el acto delictivo, o para perseguir a quien ha delinquido; segunda, acusación e investigación criminal para obtener pruebas de que quien es acusado de cometer un delito, efectivamente lo ha cometido; tercera, administración de justicia para juzgar sobre la culpa o la inocencia del acusado; veredicto condenatorio si se demuestra que el acusado es culpable, o absolutorio si no se demuestra que es culpable; y cuarta, ejecución de la sentencia judicial, que es sentencia condenatoria si se demuestra que el acusado es culpable.
Es imposible evitar que se cometan delitos. Siempre habrá alguien dispuesto a cometerlos. Por ejemplo, siempre habrá alguien dispuesto a robar, aunque el robo sea castigado severamente; o siempre habrá alguien dispuesto a asesinar, aunque el asesinato sea castigado con prisión vitalicia o con pena de muerte. Hasta es posible que quien ha cumplido una pena de prisión por delinquir, vuelva a delinquir. En suma, ninguna ley penal puede evitar que se cometan delitos, o ninguna ley penal puede ser universalmente disuasiva.
La seguridad civil no puede consistir, entonces, en la absoluta eliminación del delito. Tampoco puede consistir en castigar a todos los que delinquen, porque siempre habrá alguien que delinque y que no es capturado ni sometido a proceso judicial, para imponerle un castigo. Es decir, siempre habrá algún grado de impunidad. La finalidad de la seguridad civil tampoco puede consistir, entonces, en la absoluta punidad. Empero, los gobernantes deben procurar la menor criminalidad e impunidad; y jamás tendríamos que tolerar, entonces, que permitan la mayor criminalidad e impunidad.
Guatemala tendría que tender a reducir la criminalidad hasta el límite en que la han reducido países tan diversos como Alemania, Dinamarca, Islandia, Japón, Noruega y Nueva Zelandia. Puede argumentarse que los habitantes de esos países tienen una idiosincrasia muy diferente, de la cual surge una propensión natural a no delinquir. Empero, aunque los habitantes de nuestro país no tuvieran una idiosincrasia similar, sería necesario tender a reducir la criminalidad en grado máximo, y no permitir que tienda a incrementarse en grado máximo.
No creo, sin embargo, que el problema consista en que los habitantes de un país tengan o no tengan determinada idiosincrasia. Creo, por ejemplo, que un delincuente en Guatemala, probablemente no sería delincuente en Alemania. En nuestro mismo país, hay una extraordinaria diferencia de criminalidad entre municipios, según datos de la Policía Nacional Civil. En algunos municipios, por ejemplo, los asesinatos son rarísimos, tan raros como en cualquier país europeo. El problema consiste en la certeza de castigo. Si hay certeza tal, el ser humano propenderá a abstenerse de delinquir. Esa certeza no elimina completamente la criminalidad; pero la reduce, y puede reducirla en grado máximo.
Post scriptum. Procurada la menor criminalidad e impunidad, hasta podría tolerarse que los gobernantes se dedicaran a cumplir funciones que no son propias del gobierno, entre ellas fomentar el deporte, vender fertilizantes, fabricar ropa, o cultivar zanahorias.
