Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Un nuevo escándalo de corrupción ha salido a luz en Guatemala, se trata del caso “Corrupción y Construcción”. Según las investigaciones preliminares dadas a conocer en por la CICIG y el MP, como en casos anteriores, resultan involucrados altos funcionarios del Partido Patriota y conocidos empresarios.
La participación del ex ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Alejandro Sinibaldi no está en tela de duda, aunque los hechos tendrán que ser probados en el proceso judicial correspondiente. Se le acusa de cobrar al menos un 15% de mordidas a las empresas interesadas en la construcción de obras públicas. Mientras los funcionarios de gobierno se ocupan de enriquecerse a manos llenas, nuestro país se cae en pedazos, el estado de las carreteras es vergonzoso y pone en riesgo a quienes las transitan, así los afectados somos todos los guatemaltecos.
Las implicaciones de este caso, debieron resonar tanto o más que los casos anteriores, como La Línea, Cooperacha, Cooptación del Estado, Agua Mágica o Negociantes de la Salud. Pero parece que nos hemos acostumbrado a la corrupción, pues ya no es motivo de indignación entre la población. A diferencia de las masivas manifestaciones del año 2015, en las que los ciudadanos salían a expresar el repudio a la clase política y exigir justicia, este caso ha pasado desapercibido.
Sin embargo, es importante que los ciudadanos no bajen la guardia. El caso “Corrupción y Construcción” demuestra que muchos de los problemas de sub-desarrollo y falta de oportunidades, que padecemos como sociedad, tienen su origen en la corrupción. Si creemos que el hecho de que ex funcionarios como el presidente Otto Pérez o la vice Roxana Baldetti, enfrenten procesos penales resuelve el asunto de la corrupción, estamos muy equivocados. El que los altos funcionarios hayan sido expuestos públicamente, solo nos confirma el deterioro de la institucionalidad en el país.
Tenemos que preguntarnos ¿cómo hacer para que esto no se repita? Es necesario reconocer que, si los gobernantes se dedicaron abiertamente a robar, es porque el sistema se los permitió; porque no existían mecanismo efectivo de investigación; porque la justicia, por muchos años, no fue capaz de sancionar estas acciones. Recordemos el caso de Portillo, que salió bien librado de los procesos judiciales entablados en Guatemala, pero luego de su extradición a Estados Unidos, aceptó los hechos y fue condenado.
Aunque resulta evidente que necesitamos el apoyo de otros países para fortalecer nuestro Sistema de Justicia, pues sin la presencia de la CICIG en Guatemala, seguramente estos casos nunca hubieran salido a luz, es momento de pensar a largo plazo. Hace falta que los guatemaltecos seamos capaces de diseñar mejores instituciones de justicia, que garanticen la independencia e imparcialidad; que se creen mecanismos de rendición de cuentas; que los funcionarios sean verdaderos servidores públicos. Lo anterior pasa por reformas profundas del Sistema de Justicia, así como el sistema de gestión pública. El primer paso debiera ser la reforma constitucional, pero se requiere otras acciones legislativas que permitan la modernización de todas las instituciones gubernamentales y la transparencia en la administración.
Encontrar soluciones efectivas contra el flagelo de la corrupción, no será tarea fácil; pero ignorar el problema es darnos por vencidos ante la corrupción. Así como hay quienes se han organizado para estafar y robar, seguramente hay guatemaltecos honestos que pueden hacer la diferencia y deben seguir luchando contra la corrupción. Ellos deben unir esfuerzos para construir un nuevo país y exigir a los gobernantes que cumplan debidamente con su función.
