Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Desde hace muchos años la función del Estado en Guatemala ha sido desvirtuada. Como bien ha dicho el Comisionado Iván Velásquez, se trata de un vicio estructural porque desde hace décadas el país ha sido capturado por redes ilícitas y aunque se han dado pasos para liberarlo de esa situación, la verdad es que siendo tan extenso el problema no es fácil su erradicación, pues esas redes se protegen celosamente y cuando alguna es desarticulada, el vacío se llena inmediatamente con otros actores que siguen con los mismos crímenes, como se puede comprobar con la permanente existencia del contrabando a pesar del caso La Línea.
Hay situaciones en la gestión pública que se han vuelto constantes. La compra de medicinas e insumos para salud es una de ellas, el trámite de licencias en áreas de Energía y Minas es otro y, por supuesto, los contratos de obra pública juegan un papel importante en la consolidación del poder de esas redes que durante años se han repartido el pastel de la construcción, tan jugoso que no sólo da para que se paguen sobornos vía electoral para el derecho a entrar al juego, sino que luego se vuelvan a pagar contrato a contrato para asegurarlos y, finalmente, un tercer pago, también sustancioso, que se hace cuando deliberadamente se atrasan los pagos para justificar el pago de otra mordida.
En ese contexto nuestra red vial dejó de ser un tema de preocupación del Estado por mejorar y mantener la infraestructura para convertirse en un instrumento más de la corrupción enraizada en las estructuras mismas del poder político y económico. Cada obra se proyectaba no en función de su utilidad y conveniencia sino más en términos de cuán grande sería la coima. Como consecuencia de ello se descuidó la supervisión porque mientras menor calidad, mayor la ganancia del contratista y más pisto para salpicar a los funcionarios. Además, una obra de mala calidad que se deteriora rápidamente ofrece la “enorme ventaja” de que demanda más pronto trabajos de mantenimiento, por lo que se incrementa la oportunidad de hacer negocios en la medida en que una carretera se hace muy por debajo de los requisitos que plantean los estándares internacionales.
No sorprende que estemos como estemos, porque ciertamente el Estado no sabe cómo operar en el marco de la legalidad y transparencia y, justo es decirlo, tampoco nuestros contratistas saben cómo hacer las cosas si no hay de por medio ese soborno que funciona para todo como un auténtico “abracadabra”. Me atrevo a decir que el engorroso trámite de las licitaciones no persigue transparentar las compras y adquisiciones del Estado, sino complicarlas para encarecer la mordida porque así es como opera nuestro Estado.
Pero lo más grave de todo es que siendo tan evidente lo que ahora corroboramos con aporte de pruebas fehacientes de cómo se ha sangrado a un país lleno de gente pobre y sin oportunidades, sigamos cruzados de brazos esperando a que tal vez algún día San Juan baje el dedo para acabar con la podredumbre o, peor aún, esperando que se vaya la Fiscal, se termine el mandato de la CICIG y todo vuelva a la normalidad, esa misma que entiende hasta Jimmy Morales.
