El tema de los baches y las condiciones de la red vial parece preocupar al Gobierno que tras fracasar con su estado de Calamidad integra a varias instituciones, incluyendo a Comunicaciones, para que todas apoyen al Ministerio de la Defensa para el bacheo, partiendo de que no se puede ejecutar la obra con la Ley de Compras y Contrataciones actual, lo que obliga a pensar que se hace uso del Ejército de Guatemala por ser la única institución que goza de secretividad y discrecionalidad en el gasto.
No hay otra explicación cuando uno nota la insistencia de utilizar a dicha institución en tareas que van desde la elaboración de pupitres, confección de uniformes y, ahora, la responsabilidad de la red vial del país mientras funcionarios de todo nivel utilizan como excusa para su falta de ejecución el hecho de temer a las acciones penales que se pueden venir en contra de ellos. Simplemente, el nuestro se ha convertido en un Estado inoperante por la falta de ejecución de todos aquellos que, por lo visto, solo saben gastar con las coimas o mordidas de por medio.
El Congreso de la República no aprobó el estado de Calamidad que buscaba botar los controles para poder adjudicar obra. Es tal el desgobierno que hasta los diputados le terminan enmendando la plana a un Ejecutivo que no tiene rumbo y, menos, liderazgo para demostrar la ruta a seguir.
El estado de las carreteras es solo un ejemplo de lo despedazado que está el sistema completo. La diferencia es que esas rutas se usan todos los días y es entonces a diario que nos recordamos de la falta de eficiencia del Estado, pero si cada mañana hiciéramos uso los ciudadanos de los centros de salud, el sistema educativo, etc., seguro que el sentimiento sería igual de frustrante y desesperanzador que al ver el desastre de las carreteras. La verdad, parece que el país no tiene la más mínima orientación y se ve que el malestar de Jimmy Morales en el tema de las carreteras podría hasta calificarse de populista porque no están proponiendo soluciones efectivas y el mismo Micivi no sabía de la decisión de implementar el estado de Calamidad.
Lo que urge son políticas de ejecución con transparencia, capacidad y priorizando, sin excusa alguna, el servicio a los ciudadanos. Seguir con la excusa de no poder hacer el trabajo por leyes de transparencia muy fuertes y el temor de ser perseguido penalmente, nos termina de demostrar que nuestra gran calamidad es tener un gobierno carente de elemental capacidad.
