Arnoldo Medrano es el típico cacique de la política criolla y durante décadas se mantuvo como Alcalde de Chinautla por el poder que fue acumulando gracias a las enormes cantidades de dinero que desvió no sólo de ese municipio sino de otros a cuyos alcaldes engatusó hábilmente para que usaran a sus empresas para hacer los mismos trinquetes que él hacía en su jurisdicción. No se trata de alguien graduado de alguna prestigiosa “Escuela de Negocios” sino de un tipo astuto que por instinto supo ver las enormes oportunidades que ofrecía nuestro inexistente régimen de rendición de cuentas y le sacó raja.
Como ha pasado con otros casos, hizo falta que la CICIG y un Ministerio Público con nueva mística, le entraran a la investigación para destapar otra de las muchas cloacas que hay en el país. El trinquete había sido denunciado hace ocho años al MP que mantuvo lo que era su consigna hasta la llegada de Thelma Aldana, es decir la de solapar la corrupción evitando cualquier atisbo de investigación. Lo digo con pena por el respeto que le he tenido a Claudia Paz y Paz, pero evidentemente decidió privilegiar ciertos casos y para hacerlo decidió no molestar al verdadero poder, ese que mueve los hilos de la corrupción y la impunidad.
El caso es que si en Chinautla se ha podido montar un negocio de muchos millones, qué cree usted que está ocurriendo en otros municipios del país y especialmente en los más grandes que tienen, ellos sí, la capacidad de tener en planilla a graduados de verdaderas “Escuelas de Negocios” que saben cómo se forman y disfrazan empresas para hacer micos y pericos con el dinero de la gente. Cuánto podría haberse avanzado en el desarrollo de todos los municipios si esos dineros hubieran sido utilizados para beneficio de la población y no de los pícaros que se eternizan en las alcaldías por su habilidad para engatusar a los electores mediante las prácticas ya conocidas de clientelismo barato. Alcaldes que pueden contratar a abogados de verdadero postín para que les aconsejen cómo colocar los fondos donde nadie les pueda seguir la pista, ni siquiera el Ministerio Público o la CICIG porque usan instituciones jurídicas como el fideicomiso, diseñadas para particulares y que gozan de secretividad en la forma en que se manejan los recursos.
Guatemala es señalada como un país que tiene muy escasa tributación y hay esfuerzos por incrementar los ingresos fiscales, pero cuando uno ve para qué sirve el dinero público se pregunta si no estamos apostando a engordar más aún las cuentas de los pícaros. Es indispensable que se establezca un modelo distinto y que haya verdadera fiscalización para acabar con tanto abuso y desmán que hay.
No entiendo cómo es posible que viendo lo que estamos viendo la gente no se indigne y proteste para reclamar un cambio radical en el rumbo del país. Me preocupa seriamente esa indiferencia ciudadana ante la verdadera calamidad que hay en Guatemala y que es la extendida y absoluta corrupción en la gestión pública. ¿Hasta cuándo mantendremos nuestra sangre de horchata?
