Como medidas de emergencia, luego de que se corroboró judicialmente la escandalosa corrupción que provocó la falta de funcionamiento de las cárceles construidas en el gobierno de los Colom Torres y la UNE, se dispuso que algunas prisiones fueran establecidas dentro de bases militares de la ciudad capital. Como una opción de “alta seguridad”, se pensó, creemos, que dentro de los comandos militares podría tenerse mayor control de algunos detenidos y para evitar que otros se vieran en situación de riesgo al ser ingresados a los centros del Sistema Penitenciario.
Una vez implementada la medida, nominalmente se le entregó el control parcial al Sistema Penitenciario sobre las cárceles en los cuarteles, siendo los guardias de dicha institución los encargados del resguardo de los detenidos en tanto que la seguridad general de las instalaciones militares sigue siendo del Ministerio de la Defensa.
La verdad es que esta decisión ha dejado en evidencia con las fugas, los beneficios para muchos de los reos y la falta de infraestructura para un adecuado funcionamiento que no es la solución para el sistema y que solo viene a profundizar la situación del sistema como tal. Desde esas prisiones se coordina la resistencia a la lucha contra la corrupción.
Se necesita una reforma profunda que permita la clasificación de reos, asegure la no comisión ni planificación de delitos desde el interior y que cuente con la infraestructura que garantice que, en cada uno de los niveles de resguardo, se cumple con el objetivo ya sea de estricta reclusión o de políticas para la reinserción. No se trata de organizar grupos “VIP” como ha sucedido con los cuarteles militares donde se han hecho hasta minigrupos con acceso a comidas, visitas, aparatos y tratos totalmente alejados de lo que debe ser un centro de detención.
Además, es un error intentar que algo de emergencia cumpla fines de permanencia como en este caso. Adicionalmente, las áreas que han sido dispuestas en cada una de las instalaciones militares, ya se quedaron cortas y son ahora zonas de hacinamiento, lo que genera el mercado de privilegios.
Otra cosa sería si se hiciera un rediseño de las áreas donde se necesita mantener presencia militar para que las otras bases que están en total desuso y en absoluto abandono, sean entregadas al Ministerio de Gobernación y consideradas para construir instalaciones penitenciarias. Invertir en el Sistema Penitenciario es invertir en la seguridad ciudadana; con absoluta seguridad podemos decir que una política seria para llevar a cabo estos cambios, reduciría consistentemente los indicadores de violencia.
