Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Este es un concepto que todos los ciudadanos debemos de conocer, respetar y aplicar, no hacerlo evidencia, ignorancia o falta de respeto a las normas que nos rigen como personas, como ciudadanos y, en algunos casos, como profesionales, ya no digamos como dirigentes políticos, económicos o sociales.
Un columnista de prensa está obligado a respetar la ley de emisión del pensamiento y la misma es clarísima en cuanto a lo que es un derecho de aclaración y respuesta que implica el publicar la totalidad del mismo, no glosarlo, no cercenar, mucho menos pretender manipular, sin embargo, hay medios y columnistas que pregonan la importancia de la libertad de prensa mientras la misma no les afecta.
Dicho lo anterior, procedo a citar textualmente el derecho de aclaración y respuesta que envié al “joven” Salvador Paiz, a quien en lo personal he tratado poco, pero quienes le conocen me dicen que es un joven bien intencionado, que tuvo la suerte de heredar la riqueza que sus abuelos, tíos y padres amasaron, producto de su actividad comercial, en el campo de la compra y venta de alimentos en tiendas y supermercados.
DERECHO DE ACLARACIÓN Y RESPUESTA
Columnista Salvador Paiz
Al leer su artículo publicado el 06 de julio del 2017 en el diario elPeriódico, pagina 17, me percaté de su falta de conocimiento y, más grave aún, su falta de información exacta en relación a la concesión que el gobierno que presidió Álvaro Arzú le otorgara en el año de 1997, de forma ilegal, a la empresa que representó el señor Henry Posner III, al respecto me permito aclararle lo siguiente:
El ferrocarril que operó como concesión durante el siglo XIX y XX de Guatemala fue una onerosa y negativa concesión que se le otorgó a una empresa norteamericana que monopolizo el transporte de Puerto Barrios a Guatemala y viceversa, durante muchos años, prestando un servicio sumamente oneroso, tanto en el transporte de personas como de mercaderías, lo que motivó en el gobierno del Presidente Jacobo Árbenz que este considerara de urgencia nacional el construir la carretera entre Guatemala y Puerto Barrios (carretera al Atlántico) que él llamó Carretera de la Liberación, obra pública que fue terminada durante el gobierno del presidente Carlos Castillo Armas y que implicó que la tarifa de transporte de mercaderías de Puerto Barrios a Guatemala y viceversa se redujera de US $2.50 a US $0.25 centavos, por cuanto el transporte automotor terrestre, con su eficiencia y con su continua competencia, benefició a todos los consumidores y usuarios con esta enorme reducción de precios, lo mismo sucedió con el transporte de pasajeros que no solo bajó en precio sino que además se redujo de 24 horas que el tren hacía a menos de cuatro horas, como actualmente lo hacen diferentes líneas de transporte de pasajeros extraurbanos.
Soñar no cuesta nada, sin embargo, su señor padre Sergio Paiz, su abuelo y demás miembros de familia se dedicaron a la comercialización de alimentos a través de tiendas y supermercados; por consiguiente, su conocimiento empresarial en el transporte fue siempre muy poco, él y yo fuimos directivos en la Cámara de Comercio y también él fue mi suplente cuando yo representé al sector comercial en CACIF y fui, por segunda vez, presidente de dicho comité, nunca me habló sobre el tema de transporte, si así lo hubiera hecho con gusto le hubiera aclarado e ilustrado sobre un tema en el que mi familia le dedicó exitosamente 60 años de trabajo.
El ferrocarril en Guatemala no solo fue oneroso sino que nunca se modernizó, prueba de ello es que la vía férrea es angosta y no ancha como en México, Estados Unidos y Europa, lo que reduce su capacidad de velocidad y carga; la mayoría de sus locomotoras se impulsaban con leña y carbón, por eso eran llamadas a vapor, lo cual es sumamente contaminante. Además, muy pocas locomotoras fueron diésel y en los últimos años Fegua, que ya estaba en quiebra, logró que el gobierno de Guatemala le concediera préstamos millonarios que no invirtió sino se llevó en una moderna estafa.
El gobierno del FRG, que presidió Alfonso Portillo y yo como vicepresidente, nunca discutió la procedencia o inconveniencia de la concesión que el gobierno de Arzú le dio al señor Posner. Fue el gobierno que presidió Oscar Berger, del cual su padre y muchos miembros del grupo al que él pertenecía simpatizaban y apoyaban políticamente, el que la revocó, declarándola lesiva y onerosa la concesión al señor Posner en el año 2006. Por consiguiente, quien produjo la causa que le permitió al señor Posner recibir 14.6 millones de dólares fue el gobierno de Berger que también se llamó gobierno empresarial.
En conclusión, su artículo está sumamente equivocado y por respeto a la opinión pública y a usted en lo personal le aclaro para que usted y todo el mundo conozca la verdad.
Atentamente.
Lic. Juan Francisco Reyes López
Vicepresidente de la República
Periodo 2000-2004
Abogado colegiado 1254
