Juan Antonio Mazariegos G.
Con poca frecuencia encontramos la oportunidad de entender dónde empezamos a perder el control de nuestro país, en beneficio de las mafias y la corrupción, como cuando analizamos el financiamiento electoral de los partidos políticos. De manera increíble y con una constante, de la cual los únicos que se salvan y por obvias razones, son los partidos que parecen no tener oportunidad de ganar las elecciones, los principales partidos políticos de Guatemala incumplen la ley electoral y no informan al Tribunal Supremo Electoral de la procedencia del financiamiento o contribuciones que reciben de supuestos simpatizantes y de manera más increíble aún, a pesar de esos omisos, reciben sanciones tardías e insignificantes.
Las recientes resoluciones del Registro de Ciudadanos, mediante las cuales esa institución, concluyó las investigaciones en contra de los partidos políticos UNE y FCN-Nación, dejaron de manifiesto la tranquilidad con la que estos partidos pueden quedar, sin importar si cumplen o no con la ley, en la forma y en el tiempo en el que esta ordena que se cumplan sus requerimientos.
El nuevo caso en contra de Alejandro Sinibaldi, no hizo más que poner nombre y apellido a la forma en que se canalizan los recursos para la campaña y qué tipo de favores se compran por estos aportes, revelando que no solo es necesario endurecer la ley sino también exigir a las autoridades a cargo de estos controles que cumplan con su trabajo y a través de los procedimientos establecidos, procedan a sancionar como corresponde a quien la infrinja.
Según se desprende de las noticias que he leído, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en pleno, acordaron conocer las resoluciones emitidas por el Registro de Ciudadanos y se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público el resultado de las auditorias que se practicaron por parte de las autoridades electorales en contra de los partidos en cuestión, hechos que representan una esperanza.
Jamás terminaremos de salir de este mercado de favores, cuya factura pagamos todos los guatemaltecos, en tanto no se fortalezcan las instituciones y se haga respetar la ley. El camino que llevamos todos en beneficio de unos pocos y al que lamentablemente muchos se han acostumbrado y otros simplemente hemos ignorado, no tendrá retorno para ninguno si se continúan permitiendo este tipo de prácticas. Hoy el Ministerio Público cuenta con mejores herramientas, debe de solicitarse una investigación en las cuentas bancarias de todos los contribuyentes a las campañas para identificar la real procedencia de los recursos y la existencia de los proveedores de todos los partidos, tanto de dinero, como de los insumos para comprobar si efectivamente gastaron lo que dijeron y de dónde provino el dinero.
