Es evidente que hay poderes que intentan influir en la elección del Procurador de los Derechos Humanos entre Jordán Rodas, Claudia López y Ricardo Alvarado, seleccionados por la Comisión Legislativa correspondiente en un procedimiento difícil de explicar. Se ha cuestionado el proceso y cómo fue que se llegó a “llenar la terna” al designar a un tercer candidato que llenara los requisitos, eliminando la posibilidad de someter a votación al resto.
Sin embargo, nos preocupa ese juego de desgaste, de campañas negras y ataques en contra de los candidatos, práctica que tradicionalmente se ha utilizado en estos procedimientos con la intención de arrinconar y debilitar a los aspirantes para obligarlos a realizar negociaciones con los grupos oscuros de poder.
Guatemala se ha convertido en terreno fértil para la guerra psicológica por medio de la polarización, destrucción de los enemigos y manipulación de una sociedad que en su mayoría se deja llevar por cualquier tontería que se le quiera vender, pasando por alto que los procesos de selección tienen que ser abiertos, transparentes y directos para que cualquier cuestionamiento que haya en contra de algún candidato, sea planteado dando la cara y con la misma seriedad que se pretende de los postulados.
La nuevas prácticas de ataque y descalificación tan severas que son de uso común implican un grave riesgo de terminar afectando y muchas veces de manera irreversible, el derecho a la dignidad de la persona. ¿Quién querrá postularse a un puesto sabiendo que será víctima de los irracionales grupos de campañas negras?
Al final del día, la elección del Procurador de los Derechos Humanos es importante cuando se necesitarán ojos verificadores para etapas específicas que se viven en Guatemala donde tales derechos no han sido privilegiados como se debiera. Nuestra realidad hace desear que terminemos con el nombramiento de alguien que pueda tener la solvencia y la determinación de hacer la denuncia necesaria en los momentos clave para preservar no sólo los derechos individuales sino el absoluto respeto a la Constitución en temas cruciales como el fortalecimiento de las instituciones de justicia, labor que ha impulsado el actual PDH. No digamos la obligación de un Estado de otorgar los servicios básicos para sus ciudadanos cuando vemos que la capacidad de ejecución de las entidades públicas es prácticamente nula.
En fin que elegir al PDH es un tema de mucha importancia para el país y otorgarle el derecho a los postulados a mantener su dignidad debe ser tarea de la sociedad que rechace las informaciones falsas con las que se les está queriendo atacar.