Juan Francisco Reyes López
Jfrlguate@yahoo.com
Esta semana, en las noticias internacionales, CNN en español ha informado que en Italia dos bancos llamados del pueblo, uno de Venecia y otro de Vicenza, así como el banco del Benetton, se han declarado en quiebra, lo que significa que los impuestos que pagan los ciudadanos italianos tendrán que cubrir la quiebra y/o los malos manejos que llevaron a estos bancos a esa situación.
La pregunta que se hacen los expertos columnistas es ¿por qué los gobiernos tienen que utilizar los impuestos que recaudan al pueblo para cubrir y pagar lo que han perdido, o más grave aún, lo que se han auto prestado y embolsado los accionistas de esos bancos? Esa pregunta es válida para cualquier país del mundo.
Un banco es una empresa lucrativa que bien administrada es sumamente rentable. Además, debe ser extremadamente supervisada por un ente regulador que evite los auto préstamos que los accionistas puedan hacerse, que evite que los directivos de los bancos puedan prestarle a empresas de papel, incluso prestarles sin interés como sucedió, hace algunos años, con el “Banco Empresarial” que fundaran como socios gestores Marco Tulio Sosa Ramírez y Julio Campos con conocidos empresarios, varios de ellos exdirectivos de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria.
Estos personajes, con toda tranquilidad, durante el gobierno de Álvaro Arzú y parte del gobierno que presidiera Alfonso Portillo y el suscrito, se prestaron entre sí más de Q500 millones sin respaldo, incluso sin intereses y tranquilamente no los devolvieron, obligando, según la ley bancaria de la época, que la Junta Monetaria que presidia Lizardo Sosa tuviera que declararlos en iliquidez y por tanto intervenirlos.
¿Qué paso con el Ministerio Público y con las entidades competentes que hasta la fecha no han recobrado esos más de Q500 millones que de los impuestos públicos tuvieron que utilizarse para que los cuentahabientes y ahorrantes no perdieran sus depósitos?
Me pregunto que si se es banquero o empresario de alto nivel no se tiene que cumplir con la ley, no debe de preocuparse de poder ir preso y que por supuesto con parte del dinero perfectamente podrán contratar a un abogado de apellido Quesadilla o algo por el estilo para que les haga la movida para que su proceder no sea perseguido penal y civilmente. Como decía el diputado Aragón, la vergüenza pasa, pero la plata les queda en casa.
Pasará lo mismo en Italia con estos tres bancos o sucederá como en Estados Unidos que los bancos y las casas de inversión y ahorro “clavaron” a un montón de gente y todavía no se resuelve, ni se compensa los delitos y daños que estos individuos se permitieron hacer.
Es por todo lo indicado que las leyes bancarias deben permanentemente actualizarse y dentro de los costos de operación de los bancos y financieras debe existir un seguro que cubra el 100% de los depósitos, de las cuentas corrientes, de las cuentas de ahorro, para que la ciudadanía esté garantizada y el Estado no tenga, bajo ningún concepto, que pagar con los impuestos los malos manejos de los fundadores, de los accionistas y de los directivos de un banco.
Porque en Guatemala todos debemos respetar y obedecer la ley.
¡Guatemala es primero!
