Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
He criticado la postura del sector privado que pretende dar certeza jurídica a derechos adquiridos mediante el pago de sobornos o mordidas, pero lo mismo pienso del sector sindical que exige el cumplimiento de otros derechos también adquiridos como resultado de negociaciones espurias con funcionarios corruptos e irresponsables. Tal es el caso del laudo laboral abordado hoy en el reportaje central de Kimberly López en esta edición, mismo que obliga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a pagar 76 millones de quetzales a los trabajadores del hospital San Juan de Dios, quienes se recetaron así porque sí, un aumento de mil quetzales mensuales aun sin que exista sustento financiero, porque a juicio del tribunal que emitió el fallo los sueldos no les alcanzan. Pero además se ordena establecer un fideicomiso de diez millones de quetzales que servirá para que los trabajadores que tengan deudas puedan consolidarlas y pagarlas con el dinero de ese fideicomiso constituido con fondos públicos.
Todos sabemos que los Pactos Colectivos en el sector público han sido desvirtuados por varias razones. La primera es que nunca se hace un análisis de la capacidad financiera de las instituciones para cubrir los compromisos y la segunda es que los funcionarios venales que los negociaron bajo presiones políticas y chantaje comprometieron las finanzas públicas de manera irresponsable. Creo en los derechos laborales, pero no creo en los que se derivan de maniobras y Pactos espurios entre dirigentes y autoridades en los que se generan millonarios honorarios que se reparten unos y otros mañosamente.
De la misma manera en que sostengo que un derecho como el de TCQ, o el de las licencias mineras otorgadas mañosamente, no puede pretender certeza jurídica porque el delito no puede ser fuente de un derecho, creo que los Pactos laborales negociados en esas condiciones tampoco tienen la característica esencial para generar derechos.
Lo que pasa es que en el país todo se enturbió y prostituyó en la gestión pública, puesto que unos y otros se embadurnaban las manos con sobornos y beneficios ilícitos pactado todo en perjuicio de la población y en abierto comportamiento inmoral y reñido con la ley y la ética. Una inmensa cantidad de los “derechos” otorgados por las autoridades a lo largo de los últimos años son resultado de la coima y no podemos pretender que los mismos sean consagrados como parte de lo que han dado en llamar certeza jurídica, puesto que esa certeza tiene que ver con la forma en que se originan los derechos.
No es un prurito contra los empresarios que incurrieron en corrupción, sino es un principio absoluto el de que no podemos consagrar como derecho lo originado en vicios de legalidad y en actos de corrupción. Sostengo que los Pactos Colectivos que se suscribieron durante esos gobiernos corruptos fueron hechos para aplacar a sindicatos para que dejaran en paz a los ladrones y saqueadores del erario y hubo complicidad entre la dirigencia sindical y los funcionarios para hacer piñata con los escuálidos fondos públicos y que eso tampoco genera derechos por lo que es absurdo alegar certeza jurídica para ellos.
