Jorge Santos
Este miércoles pasado la Corte Suprema de Justicia otorgó amparo provisional a la Asociación Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, así como a comunitarios de Santa Rosa y Jalapa, representados por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS). El amparo ordena la suspensión de la licencia de explotación y exploración, de los proyectos El Escobal y Juan Bosco respectivamente, ambos de la Empresa Minera San Rafael. Muchos de los proyectos extractivos han roto con la certeza jurídica del país, mediante la violación del marco legal, actos de corrupción, uso mal intencionado de la ley penal y acciones violentas en contra de las comunidades que objetan su implementación en resguardo de la salud ambiental y humana de la población en el área y sus alrededores.
La trayectoria de la Mina San Rafael incluye anomalías en el otorgamiento de las licencias, un entorno marcado por el incremento de violencia e incluso prófugos de la justicia. En 2012, aproximadamente 300 vecinos que temían la contaminación del agua presentaron al Ministerio de Energía y Minas su oposición basada en la Ley de Minería, en el procedimiento de otorgamiento de licencia minera. Aunque la ley establece que se tiene que dar trámite a las mismas, el MEM las rechazó in limine, a la vez que otorgó la licencia minera. Ante esta ilegalidad del MEM, uno de los vecinos interponentes, integrante del pueblo indígena Xinca, puso una Acción Constitucional de Amparo, acción que fue declarada con lugar tanto por un Juzgado de la Corte de Apelación como por la Corte de Constitucionalidad. Estas resoluciones judiciales dan la razón a las comunidades y evidencian el proceso viciado en el otorgamiento de la licencia minera. En el marco de la imperante corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina en colusión con las Cámaras Empresariales, imponen Estado de Sitio en cuatro municipios a pesar de la trayectoria lesiva de este proyecto minero.
En 2013, un grupo de ciudadanos en resistencia pacífica fueron atacados y heridos por arma de fuego por guardias privados bajo las órdenes de Alberto Rotondo, Jefe de Seguridad de la Mina San Rafael. Por este hecho fue capturado en Guatemala cuando con apoyo de la empresa intentó huir del país, se le otorgó medida sustitutiva, condición bajo la cual huyó del país con apoyo de elementos de la PNC. Hoy Rotondo está capturado en Perú, prófugo de la justicia. En 2016, el gerente de la Mina San Rafael, Carlos Roberto Monzón Morales, fue ligado a proceso penal por el delito de Contaminación Industrial y enviado a prisión preventiva. Existían suficientes elementos para probar que la Mina San Rafael vertió a un río los residuos de substancias usadas en la exploración de minerales. Provocó contaminación y alteración del color del agua; la hizo inapta para la agricultura, así como para el consumo humano y de animales.
Los empresarios, guatemaltecos y extranjeros deberán aprender que para realizar operaciones en el país tienen que cumplir con las leyes vigentes, abstenerse del uso de la corrupción, respetar la integridad de la población, la salud y el ambiente. Esto si quieren ser empresarios y no delincuentes.
