Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Solo para fijar el tono de mi argumento quiero usar este ejemplo: ¿Qué diría usted si un grupo de invasores piden que se les respete la invasión a una propiedad ajena y para el efecto, alegan que una vez se dio la misma han actuado al tenor de todo lo que manda la ley?
La respuesta es lógica, puesto que además de decir que la solicitud es improcedente sería calificada de cínica porque se desea legalizar un «derecho» que fue obtenido de mala manera, y nunca algo obtenido de manera espuria puede ser legalizado, en otras palabras, lo que nace torcido no se puede enderezar.
Y ese es justamente el problema que se ha tenido en el país porque a muchos de los que han venido a invertir aquí les ha tocado jugar bajo las condiciones de un sistema cuyas reglas las moldea el funcionario de turno para obtener millonarios beneficios.
Lo normal sería rechazar esas prácticas, pero «ya montados en el macho» como se dice, se trata de buscar justificación a las acciones requeridas que no tienen sustento legal y que se plantean como condiciones para tramitar las autorizaciones necesarias para consumar los proyectos.
Lo lógico y correcto sería rechazar esas prácticas y denunciarlas, pero «como todos lo hacen» muchos optan por entrarle y luego ya no les gusta oír que hay vicios. Recuerdo que me pidió cita una abogada para hablar de un proyecto que utiliza un río, pero cuando le hablé de los vicios del sistema y de lo necesario que es reformarlo por el bien de todos, salió inconforme.
He sostenido que estoy de acuerdo con la explotación de los recursos naturales cuando se lleven a cabo de forma transparente y abierta y que, además, las comunidades aledañas jueguen un papel fundamental porque así puede hacer dinero el inversionista, pero también nos aseguramos que las comunidades no se queden atrás y tengan oportunidades sostenibles.
Y «vivos» hay en los dos bandos, porque así como hay inversionistas para los que el fin les justifica los medios, hay «representantes» de la comunidad que no andan buscando beneficios para los suyos, sino los propios, y eso tampoco puede ser pues lo importante es la gente.
Para ejemplificar el tema de cómo opera el sistema, hay que decir que se han invertido los papeles porque los que hoy piden la reglamentación o alguna normativa para el convenio 169 de la OIT eran los que antes se oponían quizá pensando que «todo se podía arreglar» y los que antes lo pedían, ahora se oponen a que haya reglamentación alguna porque ya se dieron cuenta que eso les da cancha para obtener resoluciones judiciales que suspenden los proyectos.
Tenemos la harta obligación de hacer los ajustes para que las inversiones en el país no surjan con el «pecado original» de la corrupción y para que cuando venga el «progreso», como dicen, sea de forma sostenible para inversores y comunitarios.
Un amigo me comentaba la vez pasada sobre un proyecto que explota recursos naturales en el que hicieron socios a los miembros de la comunidad, y me decía que la experiencia ha sido satisfactoria y creo que esa u otras ideas, pueden allanar el camino con las comunidades y por eso urge ponerle coco a los compensadores sociales.
Y además insisto, so pena de pasar de necio, que debemos reformar el sistema porque así como sentimos que los vericuetos del mismo ayudan, al pasar del tiempo nos damos cuenta que no terminan siendo sostenibles y que operar bajo la forma actual pone en riesgo las inversiones que luego y, en algunos casos, como en TCQ, no se tienen todos los pelos en la mano para decir que se actuó de buena fe.
Esta situación requiere de voluntad y madurez para enderezar el rumbo.
