Javier Monterroso
Esta semana se volvió a demostrar la fragilidad del sistema de protección de adolescentes en conflicto con la ley penal a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), nuevamente los jóvenes que se encuentran privados de libertad en el centro Gaviota II se amotinaron reclamando mejores condiciones de internamiento, el saldo de este lamentable hecho fue al menos tres personas muertas y seis heridas, además de daños materiales y al parecer algunos jóvenes fugados. Esta es la segunda tragedia que ocurre en este centro donde hace unos años fueron asesinados varios monitores por los propios reclusos.
Pero además de la evidente necesidad de realizar un cambio de fondo en todo el sistema de atención a menores en conflicto con la ley penal, llama la atención las dos visiones encontradas que tiene la sociedad sobre los jóvenes, sobre todo los que pertenecen a las maras y pandillas.
Posiblemente la visión más común es la de ver a los jóvenes pertenecientes a pandillas juveniles como una encarnación del demonio, quienes tienen esta visión están a favor de juzgar a los menores como adultos, aplicarles la pena de muerte o en el mejor de los casos encerrarlos de por vida en condiciones infrahumanas, esta visión se sostiene en buena medida por la violencia que las pandillas ejercen sobre la población, principalmente en las áreas marginales y la extorsión a la que son sometidos comerciantes, pilotos y vecinos. En contraposición la otra visión idealizada de los jóvenes refiere que ellos son víctimas del sistema social, del abandono o violencia intrafamiliar, que no deben ser criminalizados ni responsabilizados por sus acciones, esta visión pareciera olvidar que las pandillas son estructuras criminales que se dedican a cometer delitos graves entre ellos asesinatos, violaciones, robos y extorsiones.
Ambas visiones son erróneas y llevan por caminos diferentes a una deficiente atención de los jóvenes en conflicto con la ley, la primera visión promueve leyes de mano dura, antimaras o endurecimiento de las penas ya establecidas, como resultado solo se tienen más jóvenes encerrados y se pone aún más en riesgo el endeble sistema penal juvenil terminando en tragedias como la quema de penales en Honduras hace unos años; la otra visión critica cualquier acción coercitiva del Estado sin enfrentar o dar soluciones alternativas a la problemática y olvida también el grado de responsabilidad personal que tiene un joven que comete delitos violentos.
Solo el entendimiento sin prejuicios de las causas de la criminalidad juvenil podrá dotar al Estado de herramientas para prevenir y combatir este fenómeno en todas sus variables, las acciones deben ir encaminadas tanto a generar condiciones sociales para evitar que más menores se integren a las pandillas, como a castigar los delitos graves y resocializar a los jóvenes en conflicto con la ley.
