Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El empresariado muestra su profunda preocupación por la falta de certeza jurídica y realmente es algo que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos porque la ausencia de un régimen de absoluta legalidad rompe con las garantías de los derechos tanto individuales como colectivos. La certeza jurídica es esencial para la vida en sociedad y tenemos que hacer redoblados esfuerzos para que Guatemala pueda alcanzar un modelo en el que todos los derechos surjan cumpliendo con todos los requisitos y que luego sean debidamente respetados, no sólo porque ello es esencial para atraer inversión, sino que es indispensable para consolidar un auténtico Estado de derecho que preserve adecuadamente los derechos individuales consignados en la Constitución.
Pero tengo una discrepancia esencial con el planteamiento de los empresarios, puesto que para ellos certeza jurídica es que no se ponga en discusión los derechos que fueron adquiridos dentro de la práctica corrupta que el presidente Jimmy Morales calificó como normal en la ya célebre entrevista con Jorge Ramos de Univisión. En Guatemala muchos de los derechos se adquieren pagando mordida o soborno, como puede ser el caso paradigmático de la Terminal de Contenedores Quetzal en el que se manoseó la ley para esconder una concesión y se atropellaron los procedimientos no sólo para obtener dictámenes favorables cuando no procedían, sino hasta resoluciones judiciales que fueron amañadas mediante el tráfico de influencias.
Cito el Caso de TCQ porque es uno de los que están ya en los tribunales porque se pudo investigar a fondo el trato que mantuvo Pérez Maura con Pérez Molina a efecto de concretar un negocio que hoy constituye uno de los tantos derechos adquiridos a los que se pretende proteger con el concepto y principio de la certeza jurídica. Pero como ese hay incontables ejemplos que van desde la forma en que Cerezo vendió Aviateca hasta la manera que mañosamente escogieron para la privatización de la telefonía mediante una burda maniobra que pasó todos los bienes de Guatel a una Sociedad Anónima que luego vendió el Estado.
Y así han sido muchas de las licencias que se han otorgado para la explotación minera o la operación de generadoras de electricidad, puesto que si algo los guatemaltecos tenemos que entender es que desde que se estableció el imperio de la cleptocracia en el país, los negocios se hacen al ritmo de los billetes de soborno para comprar no sólo a los funcionarios sino también a los políticos que se lanzan a las campañas electorales.
Claro que hace falta certeza jurídica, pero eso significa que dejen de cobrar mordida por cada licencia de construcción, que se deje de pagar mordida por cada estudio de impacto ambiental o por dictámenes que certifican que tal o cual negocio se hizo ajustado a los requisitos legales. La certeza jurídica no puede tener como cimiento el negocio producto del tráfico de influencias, de sobornos o componendas, sino que tiene que ser consecuencia directa de negocios hechos con todas las de ley y con absoluto apego a la ética. Lo demás, aunque lo digan pomposamente, es pura hipocresía.
