Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No cabe la menor duda de que la decisión del Departamento de Estado norteamericano, avalada desde luego por Donald Trump al nombrar a Luis Arreaga como próximo Embajador en Guatemala, agarró a medio mundo con los calzones en la mano y quien más obvio ha hecho su desconcierto es nada más y nada menos que el Presidente de la República, el señor Jimmy Morales, quien dijo que va a pensar si otorga o no el beneplácito, declaración que evidencia su muy escaso conocimiento de los asuntos de Estado que están bajo su «administración», puesto que para que el Presidente de Estados Unidos envíe una nominación al Senado, como es ya el caso del Embajador Arreaga, jamás lo hace arriesgando para luego averiguar si le dan o no el beneplácito de rigor.
Lo que ocurre, obviamente, es que les cayó como balde de agua fría que Estados Unidos ratifique su compromiso y apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, actitud que es congruente con lo que ha venido ocurriendo desde el año 2015 cuando se destapó el entramado de La Línea. Pero hay que ver que aquí también hay una actitud patética que es congruente con lo que los grupos del poder oculto vienen haciendo desde aquellos lejanos días en que se llenó la Plaza Central con ciudadanos que demandaron cambio y a los que les dieron atole con el dedo con las elecciones últimas, realizadas justamente bajo el marco legal diseñado para apuntalar la corrupción y la impunidad.
En teoría, el único fuera de ese marco podrido era quien engatusó a alguna gente diciendo que él si no era «ni corrupto ni ladrón» y evidentemente muchos le creyeron y votaron por él pensando que sería el dirigente a cargo de liderar el proceso de cambio del país. Pero don Jimmy no entendió o no quiso entender (o a lo mejor ni siquiera lo dejaron entenderlo) el sentido de ese voto que era para encumbrar a alguien distinto. Pero como él no es «tan distinto», le dio gato por liebre a la población y el resultado es su actual postura de zafar bulto cada vez que se habla de combatir la corrupción, impulsar la transparencia y acabar con la impunidad. El presidente Morales les resultó a las mafias ni que mandado a hacer porque es justamente a la medida que ellos necesitaban.
Entre él y el Congreso, además del papel de muchos juzgadores, tienen atrapado el proceso y le pusieron la camisa de fuerza de la institucionalidad que parece ser un nudo gordiano. Por ello es que he dicho que hay que buscar la depuración del Estado como solución. Me agrada que gente pensante coincida con esos puntos de vista, como lo hace hoy el columnista Manuel Villacorta en Prensa Libre, llamando a la insurrección popular si no se puede lograr por las vías institucionales la depuración, en ejercicio del derecho constitucional a la legítima resistencia cuando se vulneran los derechos y garantías constitucionales.
El espíritu de la Constitución ha sido pisoteado en todo sentido y es deber ciudadano reclamar el fin de los abusos.
