En las últimas semanas se han presentado las oportunidades para que tanto el Gobierno como todos los sectores y la misma sociedad guatemalteca puedan demostrar compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad que tanto ha afectado al país.
Lamentablemente, no ha sido el caso, sino por el contrario, pareciera que lo que ha sucedido a partir de los avances que se han logrado, es unir a todos aquellos que se sienten perseguidos por una ley de la que siempre lograban escapar con anterioridad para hacer sus negocios, manipular el ejercicio del poder y asignarse contratos, concesiones y demás beneficios.
Primero, fue la posibilidad de reorientar el Plan de la Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Resulta que el mismo Gobierno presenta como resultados propios la persecución penal por casos de corrupción, pero a la hora de basar en el fortalecimiento de la justicia dicho plan, prefieren excluir a las instancias correspondientes.
Posteriormente, se lavaron las manos todos los que hubieran podido salir al paso de los contratos de «lobby» con los que, primero, un funcionario del Gobierno llamado «embajador» y diputados al Congreso quisieron debilitar a la CICIG, al embajador Robinson y al Ministerio Público. Nunca se escuchó una oposición fuerte y contundente del Gobierno y menos de los sectores de importancia en el país.
Se conoció la nominación de Luis Arreaga para ser el futuro embajador de Estados Unidos en Guatemala y el presidente Morales, que si no conoce quién es Arreaga por lo menos debería haber sido informado por sus funcionarios, decidió jugar la carta arrogante de que «evaluará» en su momento si da el beneplácito. ¿Será que es por el rol que el propuesto ha tenido para impulsar al MP y a la CICIG? Seguro que eso genera alergia a muchos.
Finalmente, cuando se ha conocido la ampliación del contrato al comisionado Iván Velásquez en el Gobierno lo único que han dicho es que no han sido notificados.
La verdad es que eran momentos ideales para poder demostrar compromiso en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento institucional del país. Ahora no quedan dudas de lo que realmente quieren los sectores de poder en Guatemala.
Dijimos desde hace muchas semanas que ya se habían quitado las máscaras quienes están a favor del status quo y que era más que evidente que la guerra contra el fortalecimiento de la justicia está declarada. Lamentablemente, en medio quedan los perdedores de siempre que entre la pobreza y el abandono siguen sufriendo el costo de la corrupción y la impunidad.
