Isabel Pinillos – Puente Norte
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En 2019, los millones de guatemaltecos que viven en EE. UU. serán convocados a votar en las elecciones presidenciales de su país. Esto se debe a la entrada en vigor de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y su respectivo reglamento publicado el año pasado. Este es, sin duda, uno de los cambios más significativos al proceso electoral que se ha realizado en treinta años de democracia en el país.
Si se considera el desorden de documentos que han sufrido los guatemaltecos residentes en el exterior, primero de documentos de Renap, y en el último año también de pasaportes, ¿cómo se garantiza la seguridad y transparencia de ese voto? ¿Acaso será posible documentar a millones en los próximos meses, con la diligencia necesaria que garantice la integridad del padrón?
En la inauguración del nuevo consulado en Carolina del Norte, la semana pasada, el canciller Carlos Raúl Morales ofreció a partir de agosto, entregar pasaportes en el mismo día en todas las sedes consulares, reduciendo además el precio que paga el usuario. Pero más importante aún, manifestó que se “habían encontrado salidas legales” para que únicamente con el pasaporte, los connacionales puedan ejercer el sufragio presidencial. En efecto, el Reglamento de Voto en el Extranjero contenido en el Acuerdo 274-2016 señala que “es indispensable para empadronarse… contar con el Documento Personal de Identificación (DPI) o el documento que a criterio del Tribunal Supremo Electoral y dadas las condiciones del migrante se autorice”. Considerar el pasaporte como un documento idóneo para votar sería una decisión riesgosa, ya que siendo un documento de viaje, adolece de las características de seguridad y verificación establecidas en nuestro ordenamiento legal relativo a la seguridad del padrón electoral, el cual da participación directa al TSE en todos los procesos de emisión de documentos de identidad que pueden influir en el voto. Recordemos, el pasaporte es actualmente emitido por la Dirección General de Migración, y el TSE no tiene auditoría sobre ello. Esto podría poner en entredicho el padrón electoral, y abrir las puertas a inscripciones irregulares, en base a identidades defectuosas o incluso falsas.
En este aspecto, el único ente rector es el Tribunal Supremo Electoral, y con sobrada razón. Creado con el fin de garantizar la independencia del proceso, corresponde a éste el resguardo de la elección y evitar a toda costa el clientelismo, y que el voto en el extranjero se convierta para los partidos políticos, en un nicho electoral alejado de la fiscalización y control del ente correspondiente.
Debe llamar la atención que, además de los cuatro consulados que se han abierto recientemente en Florida, Oklahoma, Carolina del Norte, y próximamente en Washington, la cancillería anuncia intención de abrir once más en los próximos dieciocho meses, para duplicar el número de consulados durante el gobierno de Jimmy Morales. Si bien, esta infraestructura consular es de inmenso provecho para la comunidad guatemalteca en ese país, la celeridad de abrir nuevos consulados y dar pasaportes a diestra y siniestra, no debería de estar amarrado a una promesa del voto en el extranjero a lo “express”. El compromiso con el pueblo de Guatemala, va más allá de masificar aceleradamente el voto en el extranjero. Se debe evitar a toda costa la propiciación del clientelismo por parte del gobierno de turno.
