Francisco Cáceres Barrios
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No es primera vez que en nuestro país se emplean medios abiertamente ilegales para llevar agua a su molino utilizando recursos públicos o privados. No es cosa nueva entonces que un allegado al Presidente haga gestiones sin pasar por los canales oficiales para hacer lobby para mejorar las relaciones y comunicación entre el Estado guatemalteco con el Gobierno y el Congreso norteamericano, pero que eso mismo lo hayan hecho cuatro diputados con intereses personales en el asunto e incluso, hayan recaudado fondos privados para pagarle a una firma norteamericana para que hiciera las mencionadas actividades, resulta totalmente grotesco y demuestra el grado de corrupción a la que hemos llegado.
Aunque los chapines digamos entre corrillos que ahora ya nada nos asombra, nos saca de nuestras casillas apreciar que un fulano que dice ser colaborador cercano del presidente Morales, con rango de Embajador Plenipotenciario de nuestro país, se ponga a menear pitas en el Gobierno o en el Congreso norteamericano para que cambien al actual embajador o para que, con el pretexto de “mejorar la imagen de nuestro país” se utilicen recursos, no de veinticinco centavos, sino de varios millones de quetzales, que mejor debieran ser empleados para beneficio de la población guatemalteca, la que por la triste situación en que se encuentran los ramos de salud, educación o infraestructura, se pasa todo el tiempo clamando a gritos su mejoría.
Además de lo anterior, el haber salido a luz que un comisionado presidencial haya empleado descaradamente el tráfico de influencias, ya sea en función política o diplomática, deja también al descubierto el triste papel que en todo esto juega la cancillería guatemalteca. ¿Es que se sigue dando más poder de ejecutoria a los amigos o allegados presidenciales que al mismo ministro del ramo? Y por otra parte, ¿a cuenta de qué uno o más diputados arrogándose representación que no tienen y que jamás debieran emplear para fines personales, hacen gestión en el exterior de asuntos que ni les va ni les viene, mientras su función legislativa sigue siendo nula o prácticamente inexistente?
El descubrimiento de esta situación no debiera quedar como un comentario más sobre que la administración del presidente Jimmy Morales es vacilante y cargada de inexperiencia, sino debiera servir para hacer un llamado serio de atención a nuestras autoridades para que los principios éticos y el respeto a nuestra legislación vigente no solo sea útil para emplearlo en sus discursos protocolarios, sino que debieran ser normas de conducta de aplicación invariable en todos los asuntos de Estado, como también es oportuno hacerle un recordatorio a nuestra población para que su auditoría, vigilancia y control continúe inalterable para defender nuestras instituciones.
