Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
El Istmo Centroamericano tiene una posición geográfica privilegiada para el comercio internacional, situación que podría ser aprovechada para su competitividad. Sin embargo, los desafíos en temas de seguridad y desarrollo siempre han sido enormes. Guatemala, Honduras y El Salvador compiten por ser los más violentos de Latinoamérica. No es un secreto que estos han sido tierra fértil para los grupos ilegales dedicados al narcotráfico, al contrabando de mercancías, armas y seres humanos.
Esta situación no ha pasado desapercibida para la comunidad internacional, pues los efectos de la violencia, la inseguridad ciudadana y la falta de oportunidades son expansivos y traspasan las fronteras, atentando así contra la seguridad de los vecinos del norte. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el año 2016, las cifras de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que abandonaron sus comunidades en busca de asilo, rompieron récords; llegando a documentarse más de 150 mil casos.
En la “Conferencia de Prosperidad y Seguridad” realizada en Miami el 15 y 16 de junio, los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, juntamente con autoridades del Gobierno de Estados Unidos y México, abordaron temas que son importantes para la región.
No hay duda que es pertinente hablar de pobreza, violencia y narcotráfico, pues son los temas que más preocupa a la población. También es oportuno referirse a la reforma fiscal y apuntar a mejores incentivos para la inversión. Además, hay que reconocer los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. Y aunque –dicho sea de paso– la Fiscal General de Guatemala no haya estado presente, el gobierno resaltó los logros del Ministerio Público y los avances en la investigación criminal; frutos que son consecuencia del apoyo que ha brindado la Organización de Naciones Unidas a través de la CICIG.
Todos estos asuntos son de relevancia para el desarrollo de nuestro país; pero hay un tema que es trascendental y que estuvo ausente de la discusión: me refiero a los retos de la justicia. En la agenda de la Cumbre no se habló de la necesidad de fortalecer las instituciones que conforman el sector justicia; de modernizar los sistemas judiciales; de los desafíos en el desarrollo de competencias de los funcionarios de este sector; tampoco de la falta de independencia judicial. Temas, todos ellos, medulares en cualquier discusión seria que pretenda transformar la región en un área más próspera y más segura.
Porque, para que haya inversión, debe existir certeza jurídica. Para combatir la violencia, hace falta instituciones sólidas capaces de perseguir a los grupos criminales, de investigar y de condenar con sentencias firmes los hechos delictivos. Profundizar en la lucha contra la corrupción, requiere de jueces independientes, que sean capaces de resolver con imparcialidad y sin presiones de ninguna naturaleza.
La mayoría de los problemas que se trataron en la cumbre, son consecuencia de la debilidad del Estado de Derecho. Se debe atender a las causas y no solo a las consecuencias que nos tiene a los centroamericanos sumidos en entornos altamente conflictivos y poco productivos. Sin una columna vertebral sólida en legalidad, todo el andamiaje se vuelve frágil y corre el riesgo de desplomarse ante la menor adversidad.
Los grandes países de Norteamérica, especialmente Estados Unidos, tienen una enorme preocupación en los temas de seguridad, como consecuencia de la migración; pero los pequeños países de Centroamérica, deben hacer que se escuche su voz y poner en la agenda lo que para ellos es indispensable.
