Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hace mucho tiempo que el ministerio de Salud Pública se ha convertido en una auténtica cueva de Alí Babá sin que importe un comino que cada centavo que se roban en esa dependencia condena a muerte a más de algún paciente pobre que recurre al sistema nacional de salud. Robar en la función pública en un país como Guatemala es un auténtico crimen de lesa humanidad por las implicaciones que el latrocinio tiene en términos de robar, además, oportunidades a la gente más necesitada. Pero ya sabemos que la falta de escrúpulos ha convertido toda la función pública en una enorme viña para provecho de políticos y particulares asociados para llenarse con el dinero de la corrupción.
Pretender que alguna institución tan podrida cambie simplemente por el cambio de autoridades es una vana ilusión porque mientras subsistan los mismos métodos y el patrón de compras y adquisiciones del Estado siga siendo el mismo, el trinquete va a perdurar, sea que lo hagan las más altas autoridades u otros empleados, pero de todos modos habrá movida chueca.
Hoy en día vemos un divorcio entre las autoridades del Ministerio de Salud Pública y sus subalternos que provoca una situación en verdad insostenible, sobre todo porque tanto el Presidente como el Vicepresidente parecen haber tomado partido contra la Ministra Hernández Mack, quien no ha tenido la dignidad de renunciar luego de que públicamente su autoridad fue anulada tras las reuniones que los jefes de área de salud y directores de hospitales han sostenido con las más altas autoridades del país sin tomar en cuenta al mando superior del ministerio.
Doctores que conocen a la doctora Hernández Mack me han comentado que tiene una amplia formación en el área de salud pública y que posee las calidades necesarias para dirigir el Ministerio, pero desde el principio se ha topado con una estructura que no es fácil de dirigir, mucho menos de controlar. Ha tenido que lidiar con un Congreso acostumbrado a poner de rodillas a los ministros en general para que les otorguen plazas y ventajas, con un sindicato acostumbrado a transar con las más altas autoridades y que no está dispuesto a renunciar no a derechos adquiridos sino a privilegios comprados mediante chantaje político y, por último, con una estructura administrativa que sabe cómo se mueve la melcocha y dónde está la parte jugosa del negocio.
Si contando con apoyo político pleno e irrestricto es casi imposible superar esos valladares tan groseros, imaginemos lo que significa tratar de hacerlo sin ese espaldarazo y, peor aún, viendo cómo las más altas autoridades del país abren espacios para demostrar públicamente que la ministra no tiene ningún peso en la estructura gubernamental.
El caso de Salud es apenas una muestra de cómo funciona la administración pública que está sirviendo únicamente para alentar y mantener la corrupción. Lo extraordinario en este caso es que hay un divorcio entre las altas autoridades y los responsables de ejecutar el presupuesto en cada una de las dependencias, pero no significa en absoluto que sea el peor de los casos en cuanto al volumen de los negocios, aunque sí lo será por las consecuencias funestas y trágicas que tiene para los enfermos más necesitados.
