Ojalá la indignación y el dolor se mantenga en Guatemala contra las dos tragedias sucedidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, tanto el día en que fallecieron las menores en el incendio, como por los horribles hechos ocurridos a lo largo del tiempo y que podrían incluir trata de personas, prostitución, desapariciones, etc.
Ayer se hicieron algunas capturas en contra de quienes formaron parte de las acciones que, durante las últimas horas de las menores, tuvieron que ver de alguna u otra forma con el terrible resultado que ya conocemos.
Pero de la misma manera se tiene que averiguar en qué van aquellas denuncias que con tanto tiempo se plantearon sobre los abusos que se cometían en dicho hogar y que incluían a personal directamente de la institución y de otras instancias del Estado. Para nadie puede ser un secreto que la forma de reaccionar de las menores fue condicionada por esta cadena de abusos y delitos que fueron cometidos en su contra permanentemente y por las que no hubo una autoridad que hiciera su trabajo con la energía y eficiencia requerida a lo largo de varios gobiernos.
No nos sorprende que la Procuradora General de la Nación salga justificando el trabajo de su institución. Recordemos que ella ha sido el aval y ejemplo de la corrupción en el Caso de TCQ. Creemos que todas las instituciones tienen que hacer una profunda evaluación sobre lo actuado en las dos tragedias y, con responsabilidad, analizar si de verdad se ha hecho todo lo humana y legalmente posible para proteger a los menores en condiciones de tal vulnerabilidad.
Obviamente, la respuesta será que no. Es fundamental que para que se pueda enfrentar este profundo problema, entendamos que se tiene que resolver de raíz lo que ha venido sucediendo y que tan trágicamente llegó a llamar la atención de las autoridades con el incendio hace tres meses. Es una verdadera vergüenza que hayan tenido que morir estas decenas de niñas para que la sociedad y el Estado en conjunto voltearan a ver lo que estaba sucediendo en centros de abuso y comisión de delito contra menores.
Por más que haya quienes se quieran lavar las manos, es muy complicado quitarle responsabilidad a quienes hayan tenido conocimiento y no hayan hecho lo suficiente. Esto debe incluir al Ministerio Público, ahora acusador en el caso del incendio, pero conocedor de las denuncias planteadas con anterioridad. A todos, sin excusa, se les debe deducir responsabilidades tanto por la tragedia del siniestro como por el infierno en que vivían todos los días las menores.
