Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com

Cuando la Asociación Pro Derechos del Contribuyente –ASPRODECO- oportunamente denunció ante las autoridades competentes una trama que permitía a una entidad mercantil de capital extranjero defraudar por cientos de millones de quetzales y por varios años al Estado de Guatemala, con la venia de las autoridades de dos gobiernos distintos, pudo conocer con base a las declaraciones de distintos actores de la existencia de un personaje que “asesoró” en todo momento y se aseguró que las operaciones fueran de difícil descubrimiento y posterior investigación. También se conoció de la protección y confianza que gozaba el “asesor” que era acomodado institucionalmente tal cual pieza de ajedrez para hablarle al oído al alfil de turno, obviamente menos preparado, de moral distraída, con entretención personalizada y lleno de atenciones propias de la realeza, para asegurar la continuidad del beneficio fiscal ilegalmente obtenido. Incluso se supo que el protagonista sigiloso era aprovechado a lo interno y a lo externo para proponer o validar procedimientos que bajo la coraza de ser “técnicos” creyeron garantizar los jugosos rendimientos.

Resulta que la denuncia relacionada permitió someter a proceso a los alfiles de momento, tener con persecuciones penales abiertas contra otros que mediante acciones han retardado su captura y el cierre de operaciones de la entidad cuestionada que luego se conoció estar investigada internacionalmente por delitos transnacionales; sin embargo, el “asesor estrella” anda campante gozando de los atractivos arquitectónicos novedosos en Guatemala, porque él no firmó absolutamente nada y no tiene idea de lo sucedido ya que solo prestó servicios profesionales a la institución, porque estuvo bajo el renglón 029. Pero ofrece un dictamen, técnico por supuesto, que indique que la operación es legal y que no existe responsabilidad penal, aunque tampoco lo vaya a firmar para también librarse de ser llamado a juicio a validar su prueba de experto.

Sucesos como el anterior son una constante en las distintas instituciones públicas donde las autoridades persisten en mantener, incluso intercambiar, a dudosos “asesores” sin responsabilidad, y para ello destinan millones de quetzales, en donde para su contratación privilegian el compadrazgo y conveniencia frente a la debida preparación, honestidad y compromiso institucional ¿Qué motiva a las autoridades para continuar con asesores cuestionados? ¿Por qué no contratan profesionales destacados en sus áreas? ¿Por qué no reparan en cuanto al perfil económico que muestran sus asesores?

Es de reconocer que mientras menos preparado o más importante sea el cargo del funcionario electo o nombrado este requiere de más personas que lo guíen en la toma de decisiones, por lo que la clave está en el buen tino al momento de seleccionar a sus consejeros más cercanos, en dónde debería de privilegiarse la calidad y honestidad, frente a la cantidad y mediocridad. En la actualidad es fácil observar en cada entrevista, en cada respuesta y en cada acto la poca o nula asesoría de calidad de algunos funcionarios públicos, que los pone al descubierto de la opinión pública y en casos concretos los potencializa como futuros nuevos visitantes de los tribunales de justicia.

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