Javier Monterroso
El pasado 31 de mayo se celebraron 32 años de la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República, una Constitución de avanzada para 1985, respetuosa de los derechos humanos, producto del consenso entre diversas fuerzas políticas y que significó y a la vez propició en buena medida el retorno a la democracia después de varios gobiernos militares.
Sin embargo, como toda obra humana la Constitución contiene varios errores, de hecho su carácter consensual es también su principal defecto, pues al haber sido diseñada por políticos con ideas tan contradictorias que tuvieron que ceder sus visiones para llegar a un consenso, contiene esas mismas contradicciones en su articulado, produciendo algo que es negado por las corrientes tradicionales del derecho como son las antinomias constitucionales, yo sostengo que la Constitución no solamente contiene antinomias sino que resulta un programa de país incoherente, y no es que no se haya querido implementar como lo plantean los defensores del status quo, sino que es imposible implementarla, pues contiene tanto elementos de un Estado de carácter liberal como otros propios de un Estado social, pero estos últimos elementos no pueden implementarse sin contradecir los primeros, convirtiéndose así en una paradoja. Las reformas constitucionales de 1993 agravaron esta situación introduciendo aún más contradicciones para favorecer a un grupo económico.
Varios de los problemas y crisis económicas, sociales y políticas por las que atraviesa Guatemala tienen su origen en el deficiente diseño constitucional de sus instituciones, y los mismos no se resolverán con la simple aprobación de leyes o adopción de políticas públicas, pues las mismas deben entrar en un marco constitucional que no lo permite.
La oportunidad de enmendar la Constitución y construir un Estado social se truncó en 1999 cuando se perdió la consulta popular, y lamentablemente las actuales reformas constitucionales al sector justicia que se discuten en el Congreso de la República, aunque de ser aprobadas mejorarían la elección de magistrados, no resuelven otros problemas de fondo del Estado de Guatemala.
Lamentablemente tendrán que pasar varios años para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente y pueda aprobarse una nueva Constitución que perfile realmente un Estado social en Guatemala, pues las fuerzas políticas y sociales progresistas que podrían conducir dicha Asamblea aún son muy débiles en términos organizativos, pero el momento de discutir una nueva Constitución llegará muy pronto, pues como bien se establece en el preámbulo de la Constitución francesa de 1793: «Un pueblo tiene siempre derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras».
